La coalición de izquierda Frente Amplio, que gobierna en Uruguay, obtuvo una victoria con sabor a derrota, al perder los plebiscitos que impulsaba para anular la Ley de Caducidad e instaurar el voto por correo, y estar al borde de perder su mayoría absoluta en el Parlamento.
La del FA «es una victoria con sabor a derrota, porque gran parte de la expectativa era obtener mayoría parlamentaria, ganar en primera vuelta» y, además, «se perdieron los plebiscitos», dijo Jaime Yaffé, profesor de ciencias políticas en la Universidad de la República.
Mujica obtuvo 47,49% de los sufragios, mientras que el ex presidente Luis Lacalle (1990-1995), del opositor Partido Nacional (PN, centroderecha), cosechó 28,53%, y deberán disputar una segunda vuelta, según el escrutinio primario de la Corte Electoral.
Yaffé dijo que más allá de esas declaraciones, «estaba en el ánimo del FA una victoria contundente, pero las expectativas se vieron frustradas».
Mujica y su compañero de fórmula, Danilo Astori, trataron de contrarrestar esa sensación y vigorizar los ánimos de sus seguidores.
«Consideramos que ha transcurrido un evento de carácter electoral importante, con una alta votación en todo el país», afirmó Mujica la noche del domingo.
«Estamos contentísimos con la votación recibida. Cómo no estar contentos con la votación. Nos dirigimos a la victoria», dijo por su parte Astori.
Mujica estimó en radio El Espectador que el resultado «está en línea» con los pronósticos de las encuestas y reconoció que «hay una caída del FA (con respecto a las elecciones de 2004, cuando ganó en primera vuelta con 50,4%) pero estaba pronosticada».
Igualmente, «fue un triunfo con gusto amargo», afirmó Alfonso Lessa, analista y autor de varios libros sobre la historia reciente de Uruguay, quien destacó que «lo primero que demuestra el resultado es que (el presidente Tabaré) Vázquez tenía razón en preferir la fórmula Astori-Mujica».
Además, «es la primera vez en que el FA baja su votación (desde su fundación en 1971), teniendo en cuenta la popularidad de Vázquez (más 60%), la buena gestión del gobierno y la pésima campaña de Lacalle», agregó Lessa.
«Mujica no es Tabaré Vázquez. Mujica es un líder muy fuerte, pero no es el líder de todo el FA y genera desconfianzas y rechazos dentro de la coalición», dijo Lessa, quien no obstante, relativizó las cosas: «el FA se confirmó como la fuerza más importante del país».
Por su parte, Juan Carlos Doyenart, director de la encuestadora Interconsult, afirmó que «es difícil decir que fue una victoria del FA», pese a que fue el partido más votado, porque «hay una sensación de frustración por no ganar en la primera vuelta y perder los plebiscitos».
Para este analista, «el ganador fue (Pedro) Bordaberry», que obtuvo 16,66% como candidato del Partido Colorado (PC, centroderecha), formación que en los comicios de 2004 registró 10% de los votos, tras ser actor principal de la política uruguaya por más de un siglo.
«Y el PN festejó, porque a pesar de caer (en 2004 había obtenido 34%), logró acceder al balotaje», agregó.
Ninguno de los dos plebiscitos que apoyó el FA, uno para derogar la ley que evitó enjuiciar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), y otro para instaurar el «voto epistolar», fueron aprobados.
Según el escrutinio primario, la ley de Caducidad -votada por el Parlamento en 1986 y ratificada por la ciudadanía en 1989- recibió 47,36% de los votos, cuando necesitaba más del 50%.
En la consulta por el «voto epistolar» o por correo para los ciudadanos uruguayos que viven en el exterior, solo 36,96% sufragó por la iniciativa.
«Tenemos que aceptar con serenidad la decisión que ha tomado la sociedad. Cuando se toma una decisión que no coincide con la voluntad que hubiéramos tenido al respecto, nos tiene que quedar la tranquilidad de que fue un pronunciamiento democrático», dijo Astori sobre los plebiscitos.
Por segunda vez en 20 años los uruguayos ratificaron la vigencia de la ley que evitó juzgar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura (1973-85), en clara señal de querer dar vuelta una de sus páginas más oscuras, según analistas.
«Evidentemente en la ciudadanía uruguaya no hay voluntad de sacar la ley 20 años después», subrayó Jaime Yaffé, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de la República.
El domingo junto a los comicios presidenciales y legislativos que llevaron a segunda vuelta el 29 de noviembre al ex guerrillero José Mujica y al liberal Luis Lacalle, se realizó un plebiscito para anular la denominada Ley de Caducidad.
Según cifras oficiales de la Corte Electoral la iniciativa apoyada por la izquierda recibió una adhesión del 47,36% de los votos, cuando necesitaba más del 50% para su aprobación.
«Jugó en contra que en este período de gobierno hubo procesamientos y en los días previos (al plebiscito) hubo un pronunciamiento de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), lo cual le quitaron la necesidad de anularla», consideró Yaffé.
Durante el actual gobierno de Tabaré Vázquez y en el marco de dicha norma, fueron condenados 10 ex militares y policías -entre ellos el ex dictador Gregorio ílvarez (1981-85)- a penas de 20 a 25 años de prisión por violaciones de los DDHH, y procesado el ex dictador Juan María Bordaberry (1973-76).
La ley, que obliga a los jueces a consultar al Poder Ejecutivo qué casos de violaciones de los derechos humanos pueden ser juzgados y cuáles no, fue votada por el Parlamento en diciembre de 1986, y ratificada en un primer plebiscito celebrado en abril de 1989.
Asimismo la SCJ, la declaró hace una semana inconstitucional para el caso concreto de la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray asesinada en 1974 en una unidad militar.
«En 1989 había temor. Ahora no es el caso (…) y no es que estén encantados con la ley, pero la gente quiere dar vuelta la página y (pensó que) parecía innecesaria su anulación», dijo el analista y director de la consultora Interconsult, Juan Carlos Doyenart.
De su lado el escritor y analista Alfonso Lessa, aseveró que «es un tema ya laudado» y opinó que «no hubo una campaña entusiasta de la izquierda para la anulación, porque quizás a un segundo gobierno del Frente Amplio lo podía complicar (…)».
La aparente dificultad observada por Lessa atañe a «eventuales liberaciones (de uniformados encarcelados), el inicio de juicios nuevos, o el hecho de que un alto número de militares tuviera que ir a declarar ante la Justicia, lo que podría generar un estado de inquietud y abrirle un nuevo flanco al gobierno».
Desde la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, en tanto, se atribuyó el insuficiente número de sufragios a la «falta de capacidad para entregarle un mensaje claro a la población», admitió el vocero Gabriel Seré, quien lamentó la «paradoja» de que la ley «fue declarada inconstitucional por los tres poderes del Estado, pero no fue ratificada por la ciudadanía».