La función fiscalizadora del Congreso fue desgastada a lo largo de doce meses con la interpelación al Ministro de Cultura y Deportes, que ha sido utilizada por la oposición, el oficialismo y los bloques aliados como una herramienta de bloqueo parlamentario, que se ha venido utilizado desde varias legislaturas atrás.

De esa forma, la disposición constitucional de exigir resultados y cuestionar a los ministros de Estado se ve desvirtuada por acciones cuyo fin es negociar intereses económicos y políticos, dejando a un lado cualquier forma de diálogo legítimo.

En la presente legislatura, la interpelación del Ministro de Cultura y Deportes, Carlos Batzín, inició oficialmente el 22 de enero de este año, pero fue el 30 de noviembre del año pasado cuando el entonces presidente del Congreso, Gudy Rivera, llamó a los diputados para iniciar el juicio político contra el funcionario.

Fue en ese momento que en el Congreso empezó un bloqueo continuo de la actividad parlamentaria y a lo largo del tiempo se evidenció que no sólo era una estrategia de la bancada de oposición, Libertad Democrática Renovada (Lider).

Se anunció el inicio de la interpelación justo un día antes de que acabara el periodo ordinario de sesiones del 2012 en el Congreso y obligadamente el juicio político se postergó hasta este año.

Y así llegó enero, sin comenzar la interpelación y sin realizar sesiones, pues los diputados propiciaron riñas sin mayor transcendencia por las curules, luego de que el transfuguismo había distorsionado el orden de los puestos en el hemiciclo y los congresistas iniciaran reacomodos para estar juntos como bancada.

Tras el inicio de la interpelación trascendieron las anomalías detectadas por Lider, que evidenciaba la falta de coordinación del Ministro de Cultura y Deportes para administrar su cartera, las  compras de pelotas, botas y uniformes a la Industria Militar, la cual hasta la fecha sólo se había especializado en la elaboración de indumentaria militar.

Estas compras se hicieron mediante la modalidad de excepción en el último trimestre del año 2012, pues dicha cartera no había ejecutado la mayoría de los fondos que les habían asignado.

Durante el desarrollo del juicio político se fueron evidenciando más anomalías, pues los balones y botas que Industria Militar había vendido a Cultura y Deportes estaban en mal estado, además que presentaban sobrevaloración y que según el Jefe de bancada de Lider, Roberto Villate, estas compras se hicieron con Industria Militar para favorecer al Ministerio de la Defensa para que le fuera asignado el mismo presupuesto a dicha cartera, pues de no hacerlo, los montos destinados hubieran sido menores por la baja ejecución.

Pese a que los hallazgos se terminaron y que la interpelación ya no daba para más, la misma se prolongó convenientemente, lo cual también fue ocasionado por el Partido Patriota (PP), pues los diputados naranjas no llegaban a la sesión y nunca se formaba el cuórum que se necesitaba para que avanzara el juicio político.

Los meses y los días pasaban y la interpelación seguía prolongándose.

Al parecer el oficialismo también estaba utilizando la figura de la interpelación a su favor, pues como no tenía normativas que le interesaran aprobar, les convenía que el Congreso permaneciera  entrampado sin mayor trabajo que realizar, mientras que alguna parte de la ciudadanía y la oposición pujaban por las leyes de transparencia.

Durante el proceso, el PP intentó obtener los votos suficientes para detener la interpelación y aprobar Bonos del Tesoro para el pago de la deuda flotante, pero al darse cuenta que no contarían con los votos, el oficialismo desistió de la aprobación de los bonos y Alejandro Sinibaldi, ministro de Comunicaciones, anunció que buscaría otra forma de pagar la deuda.

En ese momento  sólo les quedaba culpar a la interpelación y desgastar esa figura de fiscalización para que Lider la terminara, algo que, curiosamente, ellos iniciaron en la legislatura pasada, pues es de recordar que el PP también utilizó de la misma forma el juicio político cuando fue una bancada opositora.

Un año después de haber llamado para comenzar la interpelación a Batzín pocos se recuerdan de las anomalías cometidas por éste y ya la bancada Lider decidió no continuar con la interpelación y ahora seguir con el juicio político a la Ministra de Educación, Cynthia del Águila.

Ahora la batuta de desgastar más dicha figura de control está a cargo del bloque TODOS, quienes ya la utilizaron como estrategia de negociación con el Patriota, pues el día que decidieron adherirse al debate de la interpelación el oficialismo logró aprobar un préstamo de US$200 millones.

EL DAÑO A LA INTERPELACIÓN

De acuerdo al analista político del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), Christhian Castillo,  con estas estrategias se comprueba que la interpelación dejó de tener un valor para la fiscalización, pues la convirtieron en un “método de transacción política y económica”, y ahora  es un mecanismo para negociar intereses, alianzas y posiciones con el oficialismo.

Castillo señaló que es lamentable que se haya desgastado el mecanismo de interpelación, porque es válido y necesario para mantener el control entre los organismos del Estado, a tal punto que ahora se ha desvirtuado.

La estrategia de Lider, el oficialismo y ahora la bancada TODOS ha acabado con el valor de los juicios políticos, que es la lucha por la transparencia.

Por su lado, el politólogo y director del Instituto de Indecencia Política de la Universidad Rafael Landívar, Renzo Rosal, coincidió en que se ha desgastado y desfigurado la interpelación, con lo cual se ha distorsionado como una herramienta de fiscalización del Congreso.

El diputado de Winaq, Amílcar Pop opina que el PP inició esta forma “perversa” de utilización de interpelación como medida de presión, así como ahora la usa Lider, y concluye que juntos le han hecho daño a  dicha figura, pues ahora ya no es vista como un mecanismo de equilibrio de poderes lamentable y es un obstáculo para la actividad legislativa.

El diputado Pop aseguró que estas bancadas están realizando una negociación política ilegítima y lo único que  van a lograr es retroceder el valor de la interpelación, por lo que agregó que hay que tener dos lecturas, que son: “La negociación ilegítima en este gobierno y la posibilidad de generar toda una devaluación de la figura de la interpelación para poder tener mecanismos de control y negociación en las mismas condiciones si eventualmente el pueblo los beneficia con su voto”.

Por su parte, el jefe de bancada de Lider, Roberto Villate, aseguró que esta es una buena forma de fiscalizar, ya que se evidencian los actos de corrupción del organismo Ejecutivo y sostiene que con esto no se le hace ningún daño a la figura de la interpelación, pues en un futuro esta puede ser utilizada para fiscalizar sin ningún inconveniente, dado que es un derecho constitucional que todos los diputados tienen y que no dejará de existir a menos que la Constitución sea modificada.

MONEDA DE CAMBIO

En tanto Nineth Montenegro, diputada de la bancada de Encuentro por Guatemala, considera que la interpelación se ha convertido en una moneda de cambio, que al final sirve para acelerar o detener los procesos cuando se quiere.

Montenegro agregó que con esto ya no existe un análisis de las políticas públicas, así como del rendimiento y desempeño del funcionario, sino que se ha convertido en un linchamiento político, porque cuando otros quieran hacer una interpelación habrá dudas.

“Creo que habrá dudas y prejuicios porque se creerá que se está haciendo lo mismo que el PP y Lider, lo cual que pone contra la pared al sistema democrático”, indicó.

PANORAMA INCIERTO

De acuerdo a Rosal, la interpelación afectará la relación entre los funcionarios del Ejecutivo y los legisladores. Es decir, que cuando cambien de ministros, personas de buen calibre no van a querer asumir ese cargo, porque  sabrán que tarde o temprano tendrán que enfrentar una interpelación y esto afectará en buena medida la calidad de gente que llega a trabajar al Ejecutivo.

Por su parte, Castillo opina que pese al daño que se le hizo al sistema con el mal uso de la interpelación, el panorama en el Congreso si va a cambiar para el otro año, por los intereses que dominarán la agenda legislativa en el 2014.

Entre estos temas está la integración de los titulares de órganos e instituciones importantes del Estado, así como el presupuesto, porque puede estar ahí el financiamiento para gestionar fondos de campaña, así como adquirir cuotas de poder en dichas entidades y considera que ese incentivo será la clave  para que los bloques se sienten a negociar, “pero ya no teniendo como tablero de ajedrez la interpelación”.

CC: PELIGROSA RESOLUCIÓN

Para que el Congreso no permaneciera todo un año en interpelación, el diputado Manuel de Jesús Barquín de la Gran Alianza Nacional (GANA), una de las bancadas afines al PP, interpuso a la Corte de Constitucionalidad (CC) un amparo para poder interrumpir la interpelación y con esto el Congreso podría realizar su trabajo legislativo en el hemiciclo.

La CC resolvió a favor de Barquín, pues estableció que la interpelación se podía interrumpir con 80 votos si el tema a discutir en el hemiciclo parlamentario tenía plazo constitucional, pero los parlamentarios  también interpretaron que el juicio político se podía interrumpir con 105 votos si lo que se quería aprobar eran otros temas. Sobre esto expertos y congresistas tienen sus dudas.

De acuerdo con el analista del Ipnusac, la resolución de la CC provoca que el oficialismo encuentre una solución para no depender “del diálogo y la negociación política sana”, entonces permite que ambos bandos, tanto oficialismo como oposición, se presten a mal utilizar el mecanismo de fiscalización.

Castillo considera que interrumpir la interpelación por cualquier cosa no es resultado de la resolución sino de interpretación que se le ha dado en el Congreso, pues la sentencia de la Corte indica que “es para temas de rango constitucional y no para cualquier cosa”.

La interpelación está contenida en la Constitución como algo que no puede ser interrumpida por nadie “y con esto sólo hicieron legal algo que es ilegal”.

Según el diputado Pop, la resolución de la CC se lee como una estrategia del Derecho controlado por el poder que legítima cualquier acción “perversa”, y señala que mientras el PP tenga el control de la CC y Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Tribunal Supremo Electoral (TSE), cualquier situación puede legalizarse por más ilegal que sea.

El diputado de Winaq añadió que los mecanismos democráticos deberían velar para que no se den estas circunstancias, pero pese a eso ahora se debe entender que cualquier circunstancia que suceda bajo la orden de la resolución no puede catalogarse como ilegal, pues ya fue legalizado por la CC.