Siempre, la intención republicana de nombrar a un gobernante, funcionario, representante, magistrado o cualquier otro título que se le quiera dar al desempeño de una función pública, es que se le dé el poder a alguien en quien las personas tienen la máxima confianza y la mayor expectativa de realizar un buen trabajo que genere beneficio general.

Originalmente se ha pensado que esta es la famosa democracia en la que el otorgamiento de un mandato de parte de la ciudadanía hace que su identificación ideológica o con los principios que rigen la práctica, marquen la representatividad y / o la custodia de los intereses de sus ciudadanos.

Sin embargo, en Guatemala el arte de la deformación es precisamente convertir en oscuros esos principios que determinan las decisiones públicas con el objetivo de mantener ocultos los beneficiarios y los métodos con los que se reparte el botín qué, generalmente, es el manejo de la corrupción.

Lo vemos con una Corte de Constitucionalidad que a “la medida” de algunos intereses muy especiales hace los fallos o, incluso, llega a legislar sin que sea esa la materia original para la que fue designada.  Evidentemente, la CC se ha convertido en un ejemplo de cómo son verdaderos protectores de intereses aunque, lastimosamente, no sean los de la mayoría de guatemaltecos.

O podemos también verlo en el Congreso de la República en donde los diputados se llegan a llamar “representantes” con la misma desfachatez con la que se llaman “honorables”.  Son personajes que igual se cambian de bancada como se cambian ropa interior, porque lo que les interesa es mantener el acceso a los negocios que les brinda el cargo y están listos a trabajar siempre y cuando sean parte del pastel que se parte en el negocio.

No podemos decir menos de quienes resultan electos para el poder ejecutivo porque hemos visto cómo es que cuando son candidatos se muestran ofendidos y obsesionados con términos como pobreza, injusticia, violencia, etc., pero al tomar posesión su obsesión es la justificación de concesiones, contratos, compras y todo tipo de manejo administrativo que no hace más eficiente el uso de los fondos públicos y que es prácticamente nulo en resultados de combate a los grandes males sociales que tenemos.

Sería importante que, entonces, nuestras autoridades en todas las áreas recibieran un breve recordatorio de cuál es el sentido de la función pública.  Porque no es nuestra intención como ciudadanos designar a los futuros millonarios sino que es, sencillamente, buscar a las personas que puedan aportar para que con un mandato auténtico y genuino ayuden a construir el país que queremos.

   
Minutero:
Ser un buen funcionario
es ejecutar el mandato,
no volverse millonario
con trinquete a cada rato