Pese a las estadísticas alentadoras que presentó al Presidente la Policía Nacional Civil, en las que se demuestra una baja en el número de asesinatos, la inseguridad ciudadana sigue afectando a la población y esos números hacen pensar en que lo único que se redujo fue el nivel de ejecuciones extrajudiciales, pero que en general no hay en absoluto control de la delincuencia. Los asaltos a los buses, el asesinato de los pilotos que no pagan el impuesto que les imponen los pandilleros, la ola de secuestros rápidos más la constante en homicidios con motivo del robo de vehículos, dinero u otros bienes, son hechos tan cotidianos que debieran provocar una reacción firme del pueblo, no digamos de las autoridades.
En plena campaña política, el Vicepresidente intuye que puede haber mano interesada en mantener el clima de inseguridad, lo que significaría que quienes están centrando su campaña en el tema de la seguridad pasarían a ser sospechosos de beneficiarse por la oleada creciente, aunque la estadística diga lo contrario, de crímenes, asesinatos, robos y secuestros. Sea por la razón que sea, el Gobierno tiene que cumplir con la Constitución y hacer esfuerzos por garantizar la vida de los habitantes de la República de Guatemala y por el pacífico goce de sus bienes.
Indudablemente el tema de la seguridad se ha convertido en el elemento crucial para la gente que siente que poco o nada se ha hecho en los últimos años para mejorar. Por el contrario, todos los indicadores de violencia apuntan a que hemos empeorado de manera considerable y que hoy en día Guatemala es un país menos seguro de lo que era cuando asumió este gobierno, lo cual ya es mucho decir.
El asunto es que los guatemaltecos estamos con el agua al cuello y que necesitamos algún tipo de respuesta para hoy, no para mañana. El Gobierno no puede darse por vencido a poco menos de un año de entregar el poder y abandonar los esfuerzos por lograr un triunfo frente a las distintas formas del crimen. Los ciudadanos sufrimos de manera directa o indirecta el impacto de la violencia y del crimen que campea con absoluta impunidad.
Y por ello es que si algo urge en este momento y es una de las responsabilidades más grandes del Congreso es la implementación de la comisión para combatir la impunidad en Guatemala. El retraso que maliciosamente quiere imponer el FRG mediante el control que tiene de la comisión que va a dictaminar sobre la iniciativa constituye sin duda alguna una afrenta para todas las víctimas del crimen en el país y ya que se está usando el tema con fines políticos, de uno y otro lado, hay que decir que la población tendría que pasar factura a quienes se convierten en valladar de cualquier esfuerzo, grande o chico, para combatir la criminalidad.