Luego del lamentable suceso de Huehuetenango, en que un par de adolescentes provocaran la muerte de un niño de once con un compresor de aire, resurge el debate sobre la responsabilidad penal de los menores de edad.

El presidente Otto Pérez Molina ya había presentado, cuando fungió como diputado al Congreso de la República, una iniciativa de ley que consistía en reformar el artículo 8 del Código Civil, y bajar la mayoría de edad a los doce años, para evadir la normativa constitucional de la inimputabilidad penal de adolescentes.

La solución pareciera ser muy simple, porque reduciendo la mayoría de edad a los doce años, la normativa del Código Penal, sobre inimputabilidad de menores, continuaría rigiendo, aunque por el cambio en el Código Civil sólo afectaría a los menores de doce años. Mientras que otro concepto sería el de ciudadanía, la cual se alcanza sólo a los 18 años de edad, y le confiere algunos derechos civiles y políticos, como elegir y ser electo para ciertos cargos públicos.

El tema de la edad en la normativa legal es bien relativo. Cabe recordar, por ejemplo, que en algunos países se adquiere la ciudadanía hasta los 21 años, pero a partir de los 18 años ya adquiere ciertos derechos y responsabilidades.

El enorme problema en Guatemala de reducir la mayoría de edad a los doce años, es que afectaría otros aspectos del Código Civil, como la capacidad de contraer nupcias, trabajar, realizar transacciones de compra y venta, y, sobre todo, el tema de la patria potestad, la cual cambiaría drásticamente, y que afectaría, además, cuando se contemple la necesidad de que los padres den una pensión alimenticia, o en tener acceso a gozar de una herencia.

Pero, seguramente, si se tiene la fuerza para modificar la inimputabilidad penal de adolescentes, se podrá hacer lo necesario para regular lo correspondiente a otras materias.

Sin embargo, para ser sinceros, en Guatemala la mayoría de la legislación no se respeta y, para tomar sólo un ejemplo, la contratación laboral de menores de edad se hace como tomar un vaso de agua, y rara vez se pide la carta correspondiente del encargado legal y la autorización del Ministerio de Trabajo, y mucho menos el estudio que confirma la necesidad del menor de edad para obtener ganancias.

Sin ir muy lejos, según algunas versiones, el mismo niño de once años, muerto en Huehuetenango, aparentemente había llegado a solicitar trabajo y el suceso trágico fue parte de un “bautizo” en su primer día de labores. El Estado ha confirmado que es incapaz de evitar que niños menores a catorce años sean utilizados como fuerza laboral.

Claro está, que algunos temas de la legislación nacional competen más a las familias que se cumpla. Por ejemplo, si se elimina la obligatoriedad de que un adolescente, si desea casarse, necesita la aprobación del representante legal, deberíamos confiar de que si el joven se casa es con pleno conocimiento de la familia. Y si se casa a escondidas, por algo será, y consideraríamos que esa familia es disfuncional.

Pero creo que básicamente el problema reside allí, en el deseo de legislar en aspectos que jamás se nos debió haber ocurrido. ¿Condenar penalmente a un adolescente? ¡Hasta dónde hemos llegado! Quiero decir que un país funcional no deberíamos estar pensando en condenar, ni a adolescentes ni a adultos; ni a mujeres ni a ancianos; ni a niños ni a hombres. Deberíamos estar pensando en mejorar nuestras condiciones de vida.

Pero como bien dice el viejo y conocido refrán: la necesidad tiene cara de chucho, y cuando surgen sucesos como el de Huehuetenango se abre el debate sobre soluciones “urgentes” y se termina poniendo una curita sobre una hemorragia.

El tema no es la inimputabilidad de los adolescentes… el tema es la violencia, y lo que la ha generado. El tema no es condenar a adolescentes, sino en determinar por qué lo hacen, si por irresponsabilidad de los padres (que quizá huyeron al embarazar a la mujer, o están indocumentados en Estados Unidos o, incluso, asesinados), o bien porque el crimen organizado los ha cooptado para que comentan las fechorías. Si seguimos esa lógica, tal vez mañana un niño de siete años dispare accidentalmente una pistola, y se proponga rebajar la mayoría de edad a los siete años para poder condenarlo.

El rebajar la mayoría de edad podría parecer una solución temporal; una güizachada, si se quiere, porque no es una solución real. Pero basta ya de estar parchando la olla con pedazos de sobrecitos de consomé… más bien hay que bajar el fuego y, en todo caso, cambiar de olla.