Claro, que las leyes en Guatemala son poco más que papel de baño; si no, habrá que ver, por ejemplo, la Ley contra el Feminicidio, que poco o nada ha hecho para frenar la violencia y la muerte contra las mujeres.

Sin embargo, ya estamos dentro. Es importante, ahora, que los aparatos fiscalizadores y de justicia se afinen, ya que, si ahora habrá control de la «información pública» por parte de la población, los funcionarios estarán más restringidos para hacer desví­os millonarios, compras ilí­citas, transferencias entre carteras o contratar familiares.

La Ley del Acceso a la Información se refiere sólo a esa información pública que es imprimible en papel; es decir, conoceremos actas, balances, declaraciones, planillas, informes financieros, etcétera. Pero, ¿de qué nos servirá eso, si, al fin y al cabo siempre se ha truqueado esa información?

Los maquillajes financieros, por ejemplo, han existido, no sólo en el Estado, sino en nuestras mismas empresas, para engañar accionistas. Sirva de paradigma el caso de Mercados de Futuro, S.A., la mal recordada empresa que ayudó a desviar los fondos del Congreso; los interventores, diputados y hasta los medios de comunicación, han tenido acceso a ciertos informes financieros de esta empresa, sin lograr decodificar aún en dónde está el dinero.

A pesar de este optimismo que nos debe despertar la aprobación legislativa de la ley de información, debemos reconocer que ésta sólo logrará iluminar parte de las anomalí­as que se cometen a la sombra del Estado. ¿Acaso, con esta ley, alguien nos podrá decir dónde está Quintanilla?

Parte del problema, considero, como dije antes, es que los funcionarios han estado tan acostumbrados a delinquir en las narices del pueblo, que aunque se ofrezca toda la información no reconocerán sus ilí­citos. Si no, ¿cuántos diputados no se han quejado de que sus antejuicios y capturas son por una persecución polí­tica? ¡Qué descaro! Y no hay información pública que resista, si los entes fiscalizadores, como la Contralorí­a General de Cuentas o la Comisión de Probidad del Congreso, no quieren hacerse cargo de perseguir penalmente a los infractores de la ley.

Por supuesto que me crea optimismo esta ley; para los periodistas se nos facilitará ese tortuoso camino de solicitar datos a las instituciones, que a veces la terminan dando de mala gana, tarde y con datos desactualizados.

Quiere concluir, reflexionando sobre una de las caracterí­sticas de nuestras sociedades actuales, y es que, con la explosión de la Internet, mucha información la encontramos al alcance de la mano. Sin embargo, esta información no nos ha dado sabidurí­a. Saber los datos y conocer las razones de las cosas, no necesariamente nos hace mejores, sólo nos da una ventaja para comprender mejor el sistema. (http://diarioparanoico.blogspot.com)