La información pública


Mientras una comisión del Congreso discute la implementación de la ley de acceso a la información, el Presidente del Organismo Legislativo se negó a proporcionar información pública sobre las personas que tienen contratos como asesores en el Congreso y el monto de tales asignaciones, lo que evidencia que entre los funcionarios públicos no se tiene pleno conocimiento de lo que significa el derecho del pueblo a estar informado.


El doctor Meyer argumentó que en los listados de sueldos de los asesores aparece lo que se les descuenta en impuestos y que la ley no permite que esa información se haga pública. Eso no es cierto, puesto que lo que la ley no permite es que la Superintendencia de Administración Tributaria divulgue el contenido de la declaración que hacen los contribuyentes, pero que una entidad informe sobre los salarios de personas contratadas por el Estado es no sólo normal, sino que además exigible desde todo punto de vista.

El otro argumento del doctor Meyer fue que por seguridad personal de los contratados no se puede dar la información porque podrí­an ser secuestrados. ¿Entenderá el doctor Meyer el flaco favor que le hace al Gobierno al decirlo? Además, la sensación que dejan sus palabras es que están pagando tal cantidad de dinero a los asesores que se convierten en potenciales presa de secuestro dado el suculento ingreso que tienen que debe ser mayor que el de los diputados porque de éstos se sabe su nombre y se conoce su ingreso sin que ninguno haya sido secuestrado aún.

Ya con la idea de construir un complejo para albergar al Congreso el doctor Meyer se hizo acreedor al repudio general de la población, pero ahora con su negativa a proporcionar informaciones a las que todos los ciudadanos tenemos derecho está mostrando una actitud que pretende ocultar lo que no puede ser sino mal manejo del dinero de los guatemaltecos. No puede olvidar el galeno, ahora presidente del Congreso, que el dinero que maneja no es de su propiedad sino que es patrimonio de un pueblo al que no se le puede ocultar la información sobre lo que hacen con esos recursos que provienen de los impuestos.

Obviamente el doctor Meyer carece de asesorí­a polí­tica porque en vez de lograr su expreso propósito de mejorar la imagen del Congreso, lo que está haciendo es empañarla aún más, si ello es posible, porque su actitud es literalmente indecente y, vale la pena decirlo, impropia de alguien que fue Rector Magní­fico de la Universidad de San Carlos. Ocultar la información que nos pertenece como contribuyentes es además de inconstitucional un hecho que demuestra la falta de decencia de nuestra clase polí­tica.