La independencia judicial significa que los jueces están en libertad de resolver y decidir los casos de una manera justa e imparcial, basándose únicamente en los hechos, pero siempre tiene que ser observando la Constitución y las leyes vigentes.
alfonso.carrillo@meimportaguate.org
La independencia judicial significa que los jueces están protegidos de las presiones e influencias políticas, legislativas, de los grupos de interés, de la prensa, del público, e incluso de las presiones personales, así como de amenazas e interferencias directas e indirectas.
Independencia judicial no significa que un juez puede resolver violando la ley o los procedimientos legales. Un juez debe impartir justicia y no resolver los asuntos de manera ilegal o antojadiza. Algunos jueces amparados en el concepto de independencia judicial han pretendido tener el poder de violar la ley y los procedimientos sin respeto alguno de la ley o de los procedimientos legales.
Eso no se puede llamar independencia judicial, un juez no puede emitir resoluciones que violan la ley. Si un juez viola la ley debe ser removido inmediatamente. ¿Cómo puede un juez que viola la ley, impartir justicia pronta y cumplida a los ciudadanos?
Una parte del problema radica en que la Junta de Disciplina del Organismo Judicial con frecuencia desecha la mayoría de quejas y denuncias contra los jueces.
Según información pública, entre 2007 y la presente fecha, la Junta ha recibido más de 2,500 denuncias y más del 94% han sido declaradas improcedentes con diversos argumentos. Muchos prefieren ya no presentar quejas ni denuncias.
Según los medios de comunicación, la jueza Silvia de León, jueza sexta de Primera Instancia Penal, tenía 49 denuncias en la Junta Disciplinaria, las cuales fueron presentadas entre el año 2001 hasta enero de 2012. De ellas a 43 no les dieron trámite. Si no se castiga y remueve a los jueces que violan la ley, los jueces que la violan, continuarán violando la ley y no hay esperanza de que se imparta justicia.
La Constitución garantiza que los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. La Constitución no les garantiza independencia para violar la ley.
La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establece, lo cual es una inmensa responsabilidad para jueces y magistrados. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. El problema es que la población en general y el gremio de abogados ha permitido continuos abusos por algunos jueces, lo que ha afectado dramáticamente el sistema e incentivado la impunidad.
Hay quienes han dicho que se está afectando la independencia judicial por la separación de la jueza Silvia De León en el caso del ex fiscal Carlos De León, aun cuando pareciera que hubo serias violaciones de la ley y los procedimientos reglados.
Cualquier reclamo en contra de un juez por sus actos en el ejercicio de sus funciones debe ser procesado en forma expedita, justa y mediante un procedimiento apropiado.
La impunidad en Guatemala es cercana al 100% y la población se ha acostumbrado. El sistema de justicia puede rescatarse pero hay que comenzar por apoyar la labor de los jueces que de manera honorable cumplen con su mandato y paralelamente exigir el castigo severo a todo juez que viole la ley. Mientras no se castigue severamente a algunos de los jueces que violan continuamente la ley, la impunidad persistirá galopante. Los guatemaltecos debemos expresarnos y no aceptar más abusos e irregularidades de algunos jueces que tanto daño le hacen al sistema.