El presidente Pérez ha decidido solicitar la extensión de la CICIG hasta 2015. Se trata de una medida en la dirección correcta, ya que eso permitirá superar los problemas de impunidad de crí­menes cometidos a partir de su establecimiento. Si a esto se suman las firmes acciones de la Fiscal General y el funcionamiento adecuado de la Policí­a y los jueces, podemos guardar esperanzas de que la impunidad pueda bajar del 95%, como lo acaba de denunciar Human Rights Watch. Acciones prontas y eficaces pueden lograr que crí­menes como los recientes asesinatos en Villa Nueva y otras partes sean rápidamente sancionados.

Con satisfacción leí­ en el New York Times (23/01/12) el artí­culo de Elisabeth Malkin titulado “En Guatemala, se llama a exdictador a comparecer ante tribunal”. Ahí­ se afirman hechos que muchos se niegan a aceptar, porque es muy difí­cil creer que gente que parece “normal” haya ordenado y ejecutado los crí­menes de lesa humanidad y de guerra durante el conflicto armado interno: hubo genocidio, 200 mil personas fueron muertas o desaparecidas y “las fuerzas del gobierno cometieron 626 masacres en aldeas indí­genas”. Por ello, Rí­os Montt, que gozó de inmunidad por ser diputado, debe presentarse ahora ante el tribunal para responder por las acciones del gobierno durante sus 17 meses como mandatario. Su abogado Rodrí­guez ha dicho al respecto esta atrocidad jurí­dica: “Estamos seguros de que no tiene responsabilidad alguna, ya que nunca estuvo en el campo de batalla”. Desde Nuremberg en adelante, la responsabilidad por los actos de las fuerzas del gobierno sube en la escala de mando hasta el Comandante en Jefe, como en la ex Yugoslavia, Rwanda, Argentina, Chile, Uruguay, Darfur y, sin duda, Guatemala. Basta ver el documental “Granito de Arena”, en donde Rí­os Montt afirma ante  las cámaras que él estaba en total control.

El llamado a la “reconciliación” del presidente Pérez, sin lograr previamente la plena verdad y la justicia, no puede conducir sino a intentos de amnistí­a o leyes de punto final o de caducidad, que han sido rechazadas en todos los paí­ses en donde se intentó establecerlas. En Argentina, los miembros de las Juntas Militares de Gobierno han sido encarcelados. En Chile, Pinochet murió en desgracia y Contreras, su mano derecha y agente de la CIA, se encuentra encarcelado a poca distancia de la tenebrosa Villa Grimaldi, en donde se torturó y desapareció a cientos de chilenos.

Sí­ es preocupante, y el presidente Pérez debe tomar cartas en el asunto para evitarlo, que a raí­z de su llamado a la “reconciliación” algunas organizaciones promilitares y grupos oscuros han empezado a moverse para tender un manto de impunidad que proteja a los responsables de los crí­menes del pasado. Para reforzar el muro de la impunidad, la defensa de Mejí­a Ví­ctores y otros militares de alto rango frente al rigor de la justicia constituye la ví­a abierta, y las amenazas de muerte contra jueces, abogados, familiares de ví­ctimas, expertos y muchos más interesados en encontrar la verdad y lograr la justicia constituyen la ví­a clandestina. Es un gran desafí­o para el nuevo Presidente, porque todas estas personas pretenden estar cercanas a él y apoyándolo. Cualquier acto ilí­cito que cometan subirá a él rápida e inevitablemente en la cadena de mando.