El último cambio de estafeta en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ha provocado variedad de comentarios sobre el trabajo de la CICIG y sus logros o la ausencia de resultados concretos. Sin embargo, nos apartamos por lo general del tema de fondo que es la existencia de un sistema de impunidad en el país y la actitud que tenemos los guatemaltecos frente a esa tendencia generalizada de irrespeto a las leyes. La CICIG no fue una invención impuesta por la comunidad internacional en forma caprichosa, sino que fue la respuesta a una necesidad evidenciada por la existencia de una situación concreta en la que el Estado se convierte en incapaz de aplicar sus propias leyes y castigar como corresponde a quienes las trasgreden.

Desde que se constituyó la CICIG, en La Hora hemos sostenido que ese instrumento únicamente podría servirnos de ayuda, pero que la tarea fundamental de luchar contra la impunidad no podía ser de extranjeros sino de los mismos guatemaltecos. Al fin y al cabo, todos los funcionarios internacionales que han venido a trabajar para la Comisión formada por Naciones Unidas, saben  que sus funciones son temporales y que más temprano que tarde han de volver a sus países o a continuar con el desempeño de funciones de la burocracia internacional. Algunos ha habido con mística y determinación de ayudar a corregir el problema de la legalidad en el país, pero en términos generales no se les puede pedir a ellos, a ninguno de ellos, más de lo que nosotros como sociedad estemos dispuestos a ofrecer.
 
 Y en ese sentido nuestra deuda sigue siendo enorme porque poco o nada hemos aportado a la lucha contra la impunidad. Cierto es que hay alguna experiencia y conocimientos que se han trasladado a los entes encargados de la investigación y persecución penal en el país, pero si nos atenemos a lo que es el comportamiento colectivo y el necesario compromiso de la sociedad en contra de la impunidad, no hemos logrado ningún avance significativo porque en realidad la impunidad no es un tema que moleste a la mayoría de la población. Más bien es un tema que beneficia a muchos, especialmente a quienes tienen posiciones de poder e influencia, y por lo tanto existe una marcada tendencia a apuntalar el sistema en vez de un trabajo para erradicar el vicio.
 
 No podemos medir nuestros avances contra la impunidad con base en los resultados de la Comisión o en el éxito o fracaso del Comisionado. El único avance y logro significativo en la lucha contra la impunidad tendría que ser la creación de un compromiso de la sociedad para luchar contra ese mal que prostituye no sólo la administración de justicia, sino la vida social en su conjunto porque alienta al delincuente y a quien quebranta la ley como forma de vida. Lo mismo el asesino que vive del sicariato que el empresario que vive de la corrupción, no digamos el político que hace de ella su forma de vida, todos necesitan la protección de un régimen en el que el Estado no sancione el delito ni exponga a la vindicta pública a los delincuentes.
 
 Cuando se dice que no puede haber paz sin justicia no hay que referir la cuestión únicamente a la justicia social sino que también lo tenemos que entender como la justicia encargada de sancionar las violaciones a la ley. En Guatemala, desafortunadamente, no funciona ni uno ni otro concepto de justicia, lo que hace que nuestra paz no sea precaria sino inexistente y que a pesar de haber superado el conflicto armado interno, sigamos viendo los regueros de sangre y el despojo como parte del paisaje.
 
 Con o sin CICIG, con o sin Comisionado, el problema es nuestro y únicamente depende de nosotros el poderlo superar. Lo demás es un debate ideológico, pendejo e inútil.