La impunidad que afecta a Guatemala «sigue siendo horrible», con un índice de entre el 95 y el 99%, pero se han producido «avances importantes» para desterrarla, dijo el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), Carlos Castresana, en una entrevista a la agencia de noticias Acan-Efe
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«Estamos hablando de un altísimo índice de impunidad, de entre el 95 y el 99%, lo cual es horrible, pero no se están produciendo retrocesos, sino avances importantes que se están consolidando», señaló el magistrado español en una entrevista con EFE.
Como evidencia de esos avances, precisó, «hay que ver las sentencias condenatorias» que se han producido en los últimos meses, así como «el número y calidad de las acusaciones» que promueve la Fiscalía y «el perfil cualitativo de las personas que están ingresando en prisión».
«Â¿Cuándo se había visto en la cárcel a un ex presidente, a un Ministro de la Defensa, a un Ministro de Finanzas, a dos jefes de la Policía Nacional Civil (PNC), a empresarios, abogados, jueces?», preguntó Castresana, en referencia a los procesos en contra del ex presidente Alfonso Portillo (2000-2004) y varios de los ex funcionarios de su gobierno.
Estas detenciones «son muestras de que se está avanzando» porque se trata de personajes que integran, dirigen o procuran impunidad para grupos clandestinos y que «nunca habían sido molestadas por la jurisdicción penal en Guatemala», aseveró.
Los avances en la lucha contra la impunidad «son incontestables e indiscutibles», aseguró el titular de la CICIG, aunque reconoció que son «insuficientes» para este país centroamericano en donde cada día son asesinadas un promedio de 17 personas.
«Puede ser que se diga que no son lo suficiente. Sí es verdad, pero en ese sentido se debe hacer una evaluación con una perspectiva histórica sobre cómo estaba el país hace 20 años, cómo estábamos hace dos años, y cómo estamos ahora», indicó.
La CICIG es una instancia de las Naciones Unidas que desde septiembre de 2007 colabora con las autoridades locales para desmantelar a las mafias que se han incrustado en las estructuras del Estado para procurar impunidad.
El comisionado reconoció que en Guatemala «hay personas muy comprometidas, muy confiables, que entienden perfectamente la situación de emergencia para adoptar las medidas que se requieren».
Sin embargo, lamentó que «tribunales de alto impacto» no tengan sede y que sus jueces no lleven protección policial adecuada ni vehículos blindados, además de que el Parlamento se resista a aprobar 12 de las 16 iniciativas de ley que la CICIG ha propuesto para modernizar el sistema jurídico del país.