La definición de un defensor del pueblo suena como a la de un superhéroe, que justamente es visto como tal por aquellos de quien depende al realizar su trabajo, y por supuesto, implica el tener enemigos a la vista y ocultos, que se esmeran por crear condiciones negativas, no sólo para ganar elementos de interés propios sino también para alcanzar a desestabilizar a una ya confusa sociedad, que a pesar de todo busca y reclama el respeto de sus derechos humanos.

Por esa razón, la función del PDH se ha convertido en extraordinariamente importante, pues genera una esperanza básica para los habitantes, además de que aquellos que pretenden vulnerar esos derechos individuales o colectivos, saben que detrás de los guatemaltecos, debe estar un funcionario valiente, honorable, decidido y enérgico, que esté dispuesto, inclusive a correr riesgos de su vida para lograr la defensa de los derechos humanos de la población. Y esa función determinada y pro clara del Procurador, es la que quizá se reclama del actual funcionario en los últimos años. Esa actividad de la PDH que se conocía de antes, cuando la Institución inició sus gestiones en los años ochenta y noventa, es la que está ausente ahora, y a eso debe agregarse que los orígenes y justificación de las violaciones de derechos humanos históricas (guerra, represión y ausencia de democracia) han variado e inclusive cesado, pero han surgido otros de igual o peor denominación, muchas veces variables que no son taxativas, sino abstractas, como la situación social y económica de las personas, los sistemas de nutrición y salud, la inseguridad por delincuencia y crimen organizado y muchas otras más, que requieren que ese superhéroe que está escondido, dormitado o ausente, pueda presentarse ante la población y les apoye, gestione y procure el respeto de las garantías fundamentales de todas las personas.

La Institución del Procurador ha evolucionado favorablemente desde su creación en 1985, pionera en América en regularlo a nivel Constitucional, y sin lugar a dudas el posicionamiento a nivel nacional ha tomado un auge necesariamente favorable, con el apoyo muchas veces de los amigos internacionales del país, quienes han manifestado un irrestricto apoyo a la Institución, desde siempre, y que se espera que continúe de esa forma. Pero ante las condiciones actuales, en donde el clima de vulnerabilidad a estos derechos individuales, colectivos y especiales es real, no puede pretenderse seguir haciendo las mismas cosas o generar pocos cambios, y por ende se ha visto necesario un cambio en ese liderazgo, el que supondría tener nuevos aires renovados para dirigir a la PDH. Sin importar el funcionario que sea electo, este deberá generar cambios extraordinarios que necesariamente mejoren no sólo el accionar de la institución internamente, sino que además promueva una percepción de defensa de los derechos de todos y todas. Para ello, se confía en que los diputados al Congreso de la República identifiquen a la persona ideal, pero que el proceso sea transparente, público, técnico y que no se deje influenciar por ningún grupo de presión, social, económico o político.

Personalmente confío en que existirá un cambio en la PDH, cambio que permita posicionar a uno de los funcionarios públicos de más valor moral y legal del país, y que ante los embates de posibles violaciones de derechos humanos, luche porque nuestro país y nuestra gente goce de ese clima de bienestar que tanto perseguimos, coordinando favorablemente con todos los funcionarios públicos del Estado, denunciándolos cuando sea necesario, ejerciendo actividad judicial para restituir o garantizar las violaciones cometidas, y principalmente identificándose con toda la población, urbanos rurales, de todas las clases sociales y sin más limitación que el sacrificio a favor de los guatemaltecos. Ese será entonces, el superhéroe denominado Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala.