El tema principal de cualquier reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, pasa por el financiamiento con el que los candidatos llevan a cabo sus campañas y hacen su “colchón” para sus vidas personales. Ha sido una tradición, que en lugar de un apoyo a la actividad y desarrollo de la democracia, se hace una compra directa de voluntades para que los políticos terminen empeñando sus decisiones al estar en el poder para convertirse, muchas veces, en socios de sus financistas.
No es un secreto que hay individuos, empresas y gremios que otorgan donaciones o servicios por millones y millones a cambio de contratos abiertos en medicamentos, obras de infraestructura sin ninguna fiscalización, subsidios como el del transporte, adjudicación de contratos de emisión de documentos, etc., que terminan saliendo sumamente caros para el Estado y sus ciudadanos por el costo de la corrupción que incluyen.
El financiamiento sucio hace que los partidos sean aparatos de mercadeo, porque si realmente fueran aportes cívicos, se vería en el fortalecimiento de las instancias políticas, identificación y capacitación de nuevos líderes e inversión en el desarrollo de políticas de Estado para que el partido en su campaña y en su labor legislativa haga propuestas claras basadas en su ideología y en el aporte de sus técnicos.
Pero como se trata de llegar a adueñarse de los fondos del Estado por 4 años, ¿a quién de los políticos le interesa realmente resolver los problemas del país? Hasta la fecha la carrera más importante es la de los financistas que “compran” el derecho de piso de los negocios con las instituciones del Ejecutivo y, Dios guarde, lleguen tarde a la cita con los partidos porque la competencia se lleva los contratos por 4 años.
Es por ello que para el país es una política adecuada que se otorgue un financiamiento público que pueda variar por partido dependiendo de la inversión que se haga en nuevos liderazgos, apertura por género y racial, etc. Si los partidos no quieren hacerse entidades de orientación política y desarrollo de Nación, hay que obligarlos con el financiamiento de sus actividades.
Lo fundamental, será que la Ley con sus modificaciones sea absolutamente severa para todo aquel que utilice fondos privados, en ese caso ilegal, también en la campaña. Prisión a quien intente usar bajo de agua aportes no solo monetarios, sino por préstamo de empleados o bienes a campañas políticas que compliquen la fiscalización. El financiamiento privado de las campañas ha privatizado la distribución de beneficios del Estado. Hay que recuperar el control.
Minutero
De nada sirve la Ley
si no la cumple la grey;
¿será fuego artificial
nueva Ley Electoral?