Es lamentable que a pesar de que existe un reconocimiento unánime y universal sobre la importancia de la niñez, países como Guatemala tienen que esperar a que altos funcionarios internacionales visiten el país y constaten que no hay educación, cuidado, prevención, acciones afirmativas u oportunidades para los niños y niñas, o bien verificar la inaplicación de procesos que sancionen para los distintos casos de abusos, maltratos u omisiones en garantizar los derechos mínimos de la niñez o la adolescencia, para que se le pueda poner atención a un tema tan importante.

Toda la sociedad y las autoridades del Estado tienen la obligación moral y legal de velar porque aquellos que nacen, cuenten con las garantías mínimas de dignidad y derechos, tal y como los seres humanos deben vivir. Pero de conformidad con lo que la Relatora del Sistema de Naciones Unidas describió recientemente en su visita, en Guatemala no solo existen grandes carencias en materia de los denominados derechos económicos y sociales (educación, salud, seguridad social, empleo digno), sino además existen denuncias graves sobre la forma en que la niñez es tratada en el país, especialmente en cuanto a maltrato, prostitución infantil y abandono.  Cualquier persona coherente en sus pensamientos y sentimientos tiene indignación por este tipo de noticias, pero especialmente voltea a ver a las autoridades principales que tienen bajo su responsabilidad actuar de manera preventiva y correctiva sobre el tema.  El peso de estas circunstancias con responsabilidad del Estado va desde las autoridades específicas del Organismo Ejecutivo, pasando por la dependencia que tiene el mandato legal para su protección, la Procuraduría General de la Nación y por supuesto, el Organismo Judicial en su tan importante labor de juzgamiento y prevención de hechos que vulneren los derechos de cada niño y niña.

Pero atrás de esta gran verdad, y entendiendo que se deben tomar acciones de urgencia para evitar que los problemas en materia de la niñez sigan profundizándose, el Estado debe obligadamente organizar una verificación y crear una ruta de gestión para los procesos educativos, morales y familiares, los que no son regularmente aspectos visibles, pero son indispensables para que en un futuro corto o mediano, la niñez pueda no sólo evitar ser víctima de abusos, abandonos, explotación o maltratos, sino también que cuente con los derechos y oportunidades mínimas para su desarrollo efectivo, y que cuando alcance una edad madura, pueda coadyuvar a su sociedad y a su país en alcanzar niveles de desarrollo integral.  Debe, además, el Estado crear las condiciones sociales suficientes para que la familia, base social de la convivencia de cualquier país, pueda retomar la función que la historia le ha asignado y que, además, medie el apoyo para que desde los problemas económicos, psicológicos, sociales, culturales y de cualquier otra índole, puedan ser resueltos en el mejor interés de Guatemala.

Pero ante todo, y en esta etapa tan complicada para un país como el guatemalteco, no debe olvidarse que la emisión de políticas públicas (presupuestarias, educativas, culturales, deportivas y cualquier otra que sea parte de esa estructura transversal) alcanza una obligación legal y moral para quienes dirigen el Estado, puesto que solo así se podrá velar por el reconocido interés superior del niño (a).