Sandino Asturias Valenzuela
CEG-CEESC
Guatemala vive sus peores años de violencia institucional con más de 17 mil muertes violentas en el período del actual gobierno, para un promedio de 17 muertes diarias, que incluyen a 692 mujeres y 645 niños asesinados entre el 2006 y 2007, cifras que constituyen los índices más altos de América Latina. El 90% de los asesinatos se cometen con armas de fuego y según datos del Ministerio Publico, un 97.3% de los delitos contra la vida quedan en total impunidad.
La falta de visión estratégica y de políticas estatales de seguridad, condujeron a militarizar la seguridad ciudadana mediante un sistema represivo que incluye la limpieza social y la ejecución judicial como métodos para enfrentar la inseguridad.
Como consecuencia, el negocio de la violencia prospera. En el 2006 se vendieron aproximadamente 50 millones de municiones legalmente. De los 150 mil agentes de seguridad privada, solo 30 mil están registrados en el DECAM; la mitad de las empresas son ilegales.
Toda esta problemática debería resolverse poniendo en práctica la ruta trazada por los Acuerdos de Paz y la reforma a los sectores de Seguridad y Justicia. Estas reformas incluyen la creación de la institucionalidad civil capaz de enfrentar los retos del país, sin embargo, la falta de voluntad política ha impedido la implementación de la Reforma en su conjunto.
Aunque durante el actual período legislativo se aprobaron cuatro leyes importantes, estas no han sido implementadas: Ley de creación de la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici), creando la inteligencia civil bajo la dirección del Ministerio de Gobernación; Ley del Crimen Organizado, mejora la capacidad del Estado para combatir la delincuencia organizada y regula los procedimientos especiales de investigación; Ley del Instituto Nacional Autónomo de Ciencias Forenses (Inacif) fortalece la capacidad del Estado para mejorar la investigación criminal y la prueba científica; Ley del Régimen Penitenciario, crea el régimen para tomar el control por parte del Estado de los centros de detención y desarrollar procesos de rehabilitación de los privados de libertad.
La aprobación de otro conjunto de leyes en materia de seguridad han sido pospuestas durante mas de 10 años: Ley Servicios Privados de Seguridad, que regula y controla la legalidad y profesionalidad de los servicios privados de seguridad; Ley de Control de Armas y Municiones, que restringe el uso de particulares a las armas y municiones y pasa el control al Ministerio de Gobernación; Ley del Sistema Nacional de Seguridad, que permitirá la implementación del Sistema Nacional de Seguridad y el Consejo de Seguridad; Ley de Inteligencia, que crea el Sistema Nacional de Inteligencia; Ley de Acceso a la Información, para lograr transparentar la gestión pública y reglamentar el uso de la información estatal reservada; reformas a la Ley de Orden Público, para actualizar el contexto de guerra en que se hizo esa ley.
En el sector justicia
Por otro lado, en el sector Justicia, siguen pendientes otras acciones que son fundamentales a la lucha contra la impunidad como la ratificación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), la ratificación del Estatuto de Roma para la Corte Penal Internacional, la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura; las reformas a la Ley de Amparo; reformas al Código Militar y reformas y nuevo Código Penal.
La importancia de la aprobación e implementación de la legislación en seguridad y justicia es necesaria, especialmente en este periodo donde la violencia se ha generalizado y la impunidad se incrementa diariamente.
La aprobación e implementación de la legislación en seguridad y justicia permite al Estado cumplir con el mandato constitucional de dar seguridad a todos y todas, permite contar con políticas públicas de mediano y largo plazo con un enfoque preventivo y no represivo, fortalece una institucionalidad civil capaz de enfrentar la inseguridad ciudadana y desarrollar una relación diferente entre el Estado y la Sociedad.