No obstante que 1997 es el segundo año de gobierno del Partido de Avanzada Nacional, PAN, y cuenta con mayoría en el Congreso, que le garantiza una aprobación legislativa, actúa contrario a las previsiones de la CAAP. En lugar de buscar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, que le hubiera permitido alcanzar la meta del 12% de recaudación para 1999, se desvía y promueve acciones dilatorias, destaca la propuesta de recalendarización de la meta tributaria acordada, lo que obliga a consultas durante ocho meses. Ante esas circunstancias, la CAAP cede y opta por aceptar la propuesta y recalendariza las metas tributarias para el 2001.
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Informes posteriores evidencian que el Gobierno del PAN, por su gran relación con la cúpula empresarial y por ser Ministro de Finanzas Públicas, Peter Lamport, difirió este tema de los Acuerdos de Paz postergando por dos años el contenido de los mismos.
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Es en ese momento que también establecen la Comisión de Acompañamiento, la cual inicia lentamente el proceso hacia la concertación del Pacto Fiscal, esta comisión la integraron Richard Aitkenhead, Alma Quiñónez, Arturo Montenegro y Lisardo Sosa. Ellos efectúan la discusión y concertación del Pacto Fiscal, la temática es discutida por 58 entidades, predominan las cámaras y entidades empresariales integrantes de Cacif.
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Los hechos evidencian nuevamente que a pesar de los Acuerdos de Paz vuelve a diferirse el tema tributario para el siguiente gobierno. El 20 de julio del año 2002 Cacif y el Colectivo de Organizaciones Sociales -de madrugada- suscribieron el Acuerdo Político para el Financiamiento de la Paz y el Desarrollo de la Democracia, plantearon una reforma tributaria al gobierno que presidía Alfonso Portillo, pretendiendo que sin la participación del Ejecutivo se presentara y aprobara por el Congreso dicho acuerdo.
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Ante esa situación se estableció una mesa de negociaciones en la Vicepresidencia de la República, iniciándose la discusión en el tema tributario. Durante los 90 días que existió ésta diferentes sectores se fueron retirando, evitando lograr un acuerdo, lo que obligó el envío al Organismo Legislativo, que aprobó la reforma de siete leyes: Pasajes aéreos, impuestos Sobre la Renta, IVA, Timbres Fiscales y Papel Sellado, Circulación de Vehículos y Ley Orgánica del Inguat. Eso permitió que la carga tributaria alcanzara el 10% del PIB, aun así la misma continuó siendo una de las más bajas de América Latina.
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Las medidas adoptadas por el Gobierno provocaron la protesta de Cacif que realizó el 1 de agosto un paro empresarial. En el año 2002, el Gobierno introdujo reformas a la Ley de Bebidas Alcohólicas y al Bunker C, nuevamente las cámaras empresariales se opusieron; aún así, la recaudación alcanzó el 10.3% del PIB, no aumentó más la recaudación por los múltiples recursos de inconstitucionalidad interpuestos.
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De 2004 a 2008 asumió el Gobierno í“scar Berger, acompañado por un Gabinete empresarial. Para palear el déficit presupuestario recurrió al endeudamiento y a la reducción del 20% del gasto público. Este Gobierno derogó el Impuesto al Bunker y a cambio logró un impuesto temporal IETAAP. En el año 2004 modificó el Impuesto Sobre la Renta estableciendo dos opciones de gravamen: el 5% sobre los ingresos brutos o el máximo del 31% sobre utilidades.
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Continuará.