Ante el planteamiento democratacristiano, CACIF argumentó que la imposición fiscal afectaba la propiedad, el capital e incidía en la producción, empleo y economía del país. Edgar Heinemann, presidente de la Cámara de Comercio, manifestó que «podía darse por descontado que las cargas que se aproximaban de una u otra manera serían trasladadas irremediablemente al consumidor» (Inforpress 3-9-1987) y Unión Nacional Agropecuaria (UNAGRO) dio un ultimátum al Gobierno para que en 48 horas retirara la propuesta.
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Al publicarse las nuevas leyes, CACIF, presidido por Juan Luis Bosch, dijo: «A partir de ahora rompemos el diálogo con profunda indignación; habrá una oposición firme, total y profunda al paquete tributario», procediendo al paro, lo que trajo como consecuencia que mediante una instancia mediadora presidida por el Arzobispo Penados del Barrio se sentaran Gobierno y CACIF a buscar acuerdos.
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Después de varios meses de diálogo, en diciembre, al no sentirse satisfecho CACIF recurrió a interponer numerosos recursos de inconstitucionalidad. Estas acciones produjeron retraso en el pago de tributos y al final la Corte de Constitucionalidad resolvió los 12 recursos con lugar parcial o total. Los argumentos fueron: doble tributación, violación a derechos inherentes a la persona humana, violación de derechos de igualdad, etc.
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También en esas épocas inició sus operaciones la firma Suiza SGS (Societeé General de Survillance) contratada para certificar el valor de los bienes importados, cuyos valores consignados eran inferiores a los reales. CACIF criticó esta acción argumentando retrasos en los trámites aduaneros y costos adicionales. Esta acción duró sólo un año, el gobierno cedió y la derogó.
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Aunque presuntamente el ministro Rodolfo Paiz Andrade había negociado con CACIF el establecimiento y modernización de una nueva carga tributaria, posteriormente él reconoció que su impresión era que de nuevo CACIF lo único que había hecho era una estrategia para ganar tiempo, pero no había ni encontró voluntad para discutir las opciones planteadas y mucho menos se aceptaba que la mayor parte de los impuestos los pagaran quienes tenían mayor capacidad.
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En 1992, presidiendo Jorge Serrano, se planteó el Programa de Modernización Tributaria, momento en el cual Richard Aitkenhead era el ministro de Finanzas Públicas. Se plantea modificar la Ley del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto íšnico Sobre Inmuebles, el Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado, Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles derivados del Petróleo. El objetivo era elevar la carga tributaria al 12% para 1995. Nuevamente CACIF y las cámaras reaccionan, presentan recursos en la Corte de Constitucionalidad logrando impedir algunos cambios en el IVA y el Impuesto Sobre la Renta.
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En 1994, presidiendo Ramiro de León Carpio y la ministra de Finanzas, Ana de Molina, se presentan modificaciones al Impuesto Sobre la Renta, al IVA, se crea la División de Grandes Contribuyentes, se reforma el Código Tributario eliminándose excepciones y el crédito en las exportaciones, se cambia la base de pago de impuestos a las bebidas y se incrementa el Impuesto de Salida del País. CACIF consideró esta reforma como la más nociva y planteó recursos ante la Corte de Constitucionalidad.
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