La historia en relación a las finanzas públicas en Guatemala ha tenido reiterados y fallidos intentos para solucionar la misma: el Gobierno proponiendo y CACIF y las cámaras que lo integran, oponiéndose.
jfrlguate@yahoo.com
Las citas que se concertaron y parcialmente se dieron en la conocida embajada entre el presidente de la República, parte de sus colaboradores y miembros de las juntas directivas y técnicos de las cámaras que integran CACIF, evidencian cómo se siguen manejando las cosas en Guatemala.
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La posibilidad que surgió de estas reuniones, para que se integren mesas de conversación, diálogo y posibles acuerdos, ante la experiencia vivida durante tantos años y diferentes gobiernos, nos hace escépticos como Santo Tomás: «hasta no ver no creer y hasta que no podamos colocar el dedo dentro de la llaga no creo», de que se vaya a producir y lograr algo, salvo pasar el tiempo.
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Varios son los guatemaltecos que pueden atestiguar la imposibilidad del Estado en los últimos 50 años para modificar la estructura tributaria y la permanente oposición de quienes representa Cacif. Durante las pláticas que se realizaron previo a los Acuerdos de Paz, estaba el compromiso, la obligación de elevar la carga tributaria. «En la convocatoria al Pacto Fiscal, Gert Rosenthal indicó que en 1966 se conformó la Comisión de Reforma Tributaria que reunía a empresarios, académicos, autoridades gubernamentales y algún representante de agrupaciones civiles, que esa experiencia de reforma se ha repetido periódicamente en los 35 años siguientes pero convirtiendo la discusión en un espacio bilateral: el gobierno de turno y el sector privado organizado».
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De 1966/1970, Julio César Méndez Montenegro planteó una reforma tributaria que diario «El Imparcial» indicó que «vendría a cambiar sustancialmente la estructura del sistema de impuestos, subiría la carga tributaria al 7.8% del PIB, modificaría los impuestos sobre inmuebles, la renta, herencias, legados y donaciones, pasajes aéreos». Cacif pidió al presidente «reunirse para señalar la magnitud de los errores del proyecto y evitar resultados funestos para la economía del país»; «Utilizaron el argumento que el Estado era incapaz de recaudar los impuestos existentes y ese era el problema», lo que también publicó El Imparcial. Al final tranzaron con el Gobierno en un impuesto temporal por un año consistente en el sobrecargo del 3% a ciertas propiedades.
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Transcurrido el año, el Gobierno nuevamente trató de elevar la carga tributaria, la Cámara de Industria y Cacif nuevamente objetaron y lograron varios aliados en el Congreso, proponiendo que se estudiara el sistema tributario pero que se prescindiera del Ministro de Hacienda, Alberto Fuentes Mohr; el presidente cedió. El estudio acordado nunca produjo resultados.
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De 1971 a 1975, en el Gobierno de Carlos Arana, siendo ministro Jorge Lamport Rodil, la carga tributaria no sufrió alteraciones en los primeros tres años, sólo se hicieron cambios menores a la Ley de Papel Sellado y Timbres, se eliminaron algunas excepciones del Impuesto Sobre la Renta. En el último año de ese gobierno, ante la crisis del petróleo en 1973 y siendo la carga tributaria de Guatemala la más baja de Centroamérica, se propuso aumentar los impuestos de exportación al café, algodón, azúcar, carne y mariscos. Ante la propuesta, la Asociación de Agricultores, la de Caficultores de Oriente y Anacafé pidieron una audiencia al Congreso y amenazaron con no pagar tributos; al final lograron cambiar sustancialmente la base de escala de los impuestos.
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Continuará.