En el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz) parece que no tiene cabida la palabra “paz” y por el contrario, lo que verdaderamente prevalece es el caos administrativo y las denuncias por malos manejos de recursos.

A la fecha se han detectado 20 mil 098 proyectos que nunca se concluyeron y una deuda de Q977.9 millones, mientras que las denuncias por corrupción han salido a luz y fueron confirmadas por el mismo gobierno, pero todavía no se confirman en causas penales. ¿Se sumará la impunidad a los problemas de la institución?

A 22 años de la creación de Fonapaz, el Gobierno decidió en enero pasado cerrar para siempre las puertas de la institución, argumentando que hay evidencia de corrupción por parte de funcionarios de varias administraciones que estuvieron a cargo del manejo de los recursos.

Para cumplir con esta disposición se integró una Junta Liquidadora que se encarga de poner orden en el papeleo y las finanzas, pues las funciones del Fondo pasarán a un nuevo fideicomiso establecido por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

“Los programas, proyectos o actividades que estuvieren en fase de aprobación, ejecución o pendientes de ejecución, legalmente adjudicados, serán trasladados al Mides”, que se estableció en el Acuerdo Gubernativo 36-2013.

Actualmente Rony Abíu Chalí quien es el designado para cumplir con la difícil tarea de limpiar la mesa administrativa de uno de los fondos más cuestionados y a la vez uno de los menos eficientes del Estado, pero también el más señalado por la falta de transparencia en la adquisición de compras y adjudicación de contrataciones.

En la Liquidadora poco a poco van surgiendo los detalles de lo que realmente sucedió en Fonapaz, pero más allá de la inauguración de obras sociales que se promocionaron con bombos y platillos, lo que verdaderamente destaca son los proyectos inconclusos y las deudas, así como la mala administración de los recursos.

LUJOS Y DEUDAS

En la práctica, Fonapaz es sinónimo de contrastes y contradicciones.

Surgió para la “atención inmediata de la población refugiada, repatriada, desplazada, desmovilizada y asentada y a los demás grupos o sectores de la población afectados por la lucha armada interna”, como lo estableció el Acuerdo Gubernativo 408-91, con el que se creó la institución el 28 de junio de 1991.

Pero las oficinas no tienen relación con la pobreza y por el contrario, son una muestra de los lujos y gastos excesivos que se permitieron los funcionarios que pasaron por la dirección de la institución en los últimos años.

Desde la infraestructura hasta los enseres se caracterizan por los finos detalles y acabados, mientras que el equipo tecnológico es de última generación y muy costoso, comparable con los despachos de altos funcionarios de gobierno.

Por otro lado, la institución no goza de solvencia económica. La deuda que documenta hasta el momento la Junta Liquidadora es de Q977 millones 908 mil 533.

Se trata de una deuda flotante contemplada en compromisos adquiridos en el período 2008-2012, “Es una gran herencia de deuda”, expresa Chalí y asegura que la cifra puede ir en aumento mientras continúan los análisis financieros de la institución y surgen nuevas informaciones.

Además, Fonapaz tiene una importante deuda con la población, ya que “la política general sobre la cual se fundamenta el accionar de la institución es aquella  que se relaciona directamente con el combate a la pobreza y pobreza extrema y la búsqueda de la paz”, según un documento oficial, pero en la práctica no se cumplieron estos objetivos.

El presidente de la Junta Liquidadora mostró dos hojas tamaño carta, en las que se  detallaba que Fonapaz aún tiene 20 mil 098 proyectos de arrastre, es decir, obras inconclusas por diferentes motivos que no llegaron a beneficiar a cabalidad a la población.

Fonapaz tendría que haber cubierto infraestructura vial, como caminos y caminamientos rurales; proyectos de desarrollo, como aulas, sistemas de riego, agua potable y saneamiento, y servicios de salubridad rural.

En una hoja se incluyen detalles de los proyectos establecidos en programas externos, los cuales tienen un fin y plazo específicos, pero que evidentemente no se han cumplido a cabalidad y los recursos no se han aprovechado como deberían.

Las construcciones que en este tipo de programas se realizan están financiadas por préstamos del Banco Internacional de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Fondo Internacional de Desarrollo (FIDA) y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Mientras tanto, los programas de agua y saneamiento establecidos en conjunto con el Instituto de Fomento Municipal (Infom) equivalen a 40 millones de dólares y el programa de “Mi Escuela Progresa” de 25 millones de dólares.

Sólo entre los años 2000-2012 la Liquidadora reporta 390 proyectos de arrastre planificados en conjunto con las municipalidades.

La hoja también consigna los programas internos de Fonapaz que quedaron en suspenso, como brindar apoyo a los centros de salud o de apoyo a los asentamientos y los planes de techo mínimo, consistentes en la entrega de láminas y materiales de construcción a familias en extremo pobres, explicó Chalí.

Estos proyectos, Fonapaz los trabajó en conjunto con municipalidades y Organizaciones No Gubernamentales de carácter nacional e internacional. El presidente de la Junta Liquidadora comenta que sólo con la Organización Mundial de la Migración se planificaron Q2 mil 700 millones en proyectos de inversión.

El presupuesto asignado este año a Fonapaz es de Q569 millones 91 mil 447, pero la mayor cantidad de recursos no iba dirigida a las obras y proyectos que esa entidad tenía a cargo.

Del presupuesto del 2013, Q105 millones 526 mil 317 fueron asignados a inversión, y Q463 millones 565 mil 130, para el funcionamiento del Fondo.

A FAVOR Y EN CONTRA

Gran parte de los problemas en Fonapaz se deben a su creación misma, ya que la institución se gestiona por medio de un fideicomiso público, pero esta figura no está legalmente reconocida en el derecho guatemalteco y por eso no se contemplan mecanismos de fiscalización para garantizar el buen uso de los recursos.

Es por eso que el traslado de las capacidades, recursos y compromisos a un nuevo fideicomiso en el Mides no le parece a todos una solución adecuada para frenar la corrupción.

Gerson López, de Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), asegura que en un principio causó inquietud entre los alcaldes el cierre de la institución, ya que no sabían qué pasaría con los proyectos a cargo de Fonapaz.

López comenta que por esa razón se realizó una reunión con el Presidente de la Junta Liquidadora, y Chalí detalló cada una de las obras pendientes de ejecutar con las comunas.

“Nosotros como Anam apoyamos la decisión del Presidente de crear un nuevo fideicomiso”, expresa López y asegura que para que haya transparencia están trabajando en la capacitación a los alcaldes sobre la aplicación de la Ley Anticorrupción aprobada el año pasado.

Argumenta que sí se trabaja con transparencia, un fideicomiso no puede ser negativo y fue enfático al asegurar que apoya al Presidente.

Por otro lado, la diputada de Encuentro por Guatemala, Nineth Montenegro, dice estar en contra de la creación de un nuevo fideicomiso, “ya que se volvería a caer en el mismo problema de corrupción que tenía Fonapaz”.

La diputada asegura que el nuevo fideicomiso se convierte de nuevo en un banco privado, ya que el Comité Coordinador está encabezado  por el Presidente y la Vicepresidenta, lo cual crea una centralización de los recursos que es más difícil de fiscalizar.

La congresista agrega que hicieron el “amague” de que iban a cerrar Fonapaz con el fin de colocar personas allegadas y afines al binomio  presidencial, para utilizar los recursos de dicho fondo para la campaña presidencial.

La legisladora agrega que Fonapaz no solo le hereda deuda y proyectos atrasados al Mides, sino el uso clientelar del Fondo y la falta de control y transparencia con la que trabajan los alcaldes.

TRABAJO COMPLICADO

Ordenar todo lo que deja Fonapaz no es nada fácil. “Es una herencia tremenda”, expresa Chalí. El presidente de la Junta Liquidadora explica que lo primero que se hizo fue crear una estrategia de “liquidación” para pasarle toda la documentación al nuevo fideicomiso que estaría a cargo del Mides.

La expectativa del Ejecutivo es que el 25 de enero de 2014 la Junta Liquidadora pueda terminar su trabajo; en este lapso se espera que Chalí y su gente no solo entreguen la herencia al Mides, sino que también saquen a la luz los señalamientos de corrupción que hizo el Presidente y la evidencia de la incursión del narcotráfico en la institución que indicó la Vicepresidenta.

Pérez Molina dijo que cerraría Fonapaz por exceso de corrupción en el Fondo; la situación ya era incontrolable, dijo. Luego la vicepresidenta Roxana Baldetti expresó lo mismo que Pérez Molina, pero ésta agregó que el viejo fideicomiso también había sido infiltrado por grupos de narcotráfico.

Hasta la fecha, de eso no se tienen resultados, pocos son los indicios de corrupción encontrados, indica Chalí, los cuales consisten en papelería incompleta de proyectos, como facturas y estimaciones de precios.

¿Será la impunidad parte de la herencia de Fonapaz?