La herencia que deja el gobierno de los más poderosos empresarios del país encabezado por el finquero y abogado í“scar Berger no es nada alentadora para la inmensa mayoría del pueblo de Guatemala que se debate en la pobreza, la inseguridad y la desesperanza.
Hace cuatro años cuando el actual Presidente de la República «ganó» las elecciones alcanzando una mayoría de la minoría que votó por él, el endeudamiento interno del país ascendía a 11 mil millones de quetzales. Pero cuando está a pocos días de entregar el poder, ese endeudamiento es de 24 mil millones, lo que significa que hubo un aumento de más del ciento por ciento, según datos que hizo públicos el economista Edgar Barquín, Asesor del presidente electo. Y por si fuera poco, de acuerdo con las revelaciones de ese profesional, en los cuatro años del gobierno de la Gana el endeudamiento externo se incrementó en alrededor del 30 por ciento.
Sin embargo, esos datos se han minimizado como parte de la estrategia propagandística de ocultar la realidad mediante la compra del silencio de la gran prensa a través de jugosas pautas publicitarias en las cuales la prioridad es manipular la mente de los guatemaltecos con mensajes subliminales para fortalecer la imagen de Berger de hombre sencillo y campechano.
Si se hiciera un examen con justicia, el balance no sería muy favorable para la figura del presidente Berger. En primer lugar, hay que señalar que él nunca gobernó, sino quienes lo rodearon de cerca o a cierta distancia, representantes de una de las expresiones de la oligarquía como son los grandes industriales, financistas, comerciantes tanto en la importación como la exportación, que fueron quienes realmente tomaron las grandes decisiones.
El presidente Berger, deja al país en trozos con una secuela alarmante de impunidad que permitió la protección de los banqueros maleantes del Banco del Café y del Banco de Comercio que en forma desvergonzada se apropiaron del dinero de cientos de inversionistas. También hubo escandalosos actos de corrupción entre los cuales sobresalen los numerosos casos de contratos o plazas fantasmas en el Congreso y en otras dependencias públicas, así como la tolerancia para el funcionamiento de fideicomisos, que tal como denunciaron algunos sectores en el año 2006, sirvieron a intereses particulares, al prestarse al desvío de recursos públicos por la poca transparencia y fiscalización de esa figura. Desdichadamente, el régimen de los empresarios cerró su gestión con un broche de vergí¼enza al autorizar un aumento miserable en los sueldos de los trabajadores, fiel reflejo de su política esclavista y feudal de explotación de la mano de obra barata.