En anteriores y reiteradas ocasiones, me he referido al tema de la violencia que sigue agobiando a la población guatemalteca. Se trata de una violencia organizada, estructural, irracional, deshumanizada y salvaje que no es novedosa ni aislada. Durante siglos, este fenómeno, ha sido monopolio del Estado y sus agentes, del Ejército y las fuerzas de seguridad, de los grupos dominantes y los poderes fácticos, aplicada con el propósito de someter a la sociedad para imponer el miedo, el terror, la paralización del reclamo, la negación de justicia y la cultura del silencio.
Primero, la violencia estructural impuesta por los europeos invasores que despojó, sometió y dominó a los pueblos originarios a sangre y fuego, reprimieron, torturaron y quemaron vivos a quienes ofrecieron legítima resistencia, recuerden que los Reyes Kichés, murieron en la hoguera a manos de los españoles.
Después, vino la violencia impuesta por el sistema colonial, caracterizada por la discriminación, el racismo, la exclusión de los indígenas dominados, sometidos y esclavizados, recuerden la encomienda, la repartición de pueblos de “indios”, el sistema feudal de la época y la brutalidad ejercida para imponer idioma, religión y la cultura occidental.
Luego, la violencia ejercida por los sucesivos gobiernos y dictaduras de conservadores y liberales que se disputaban el control del poder político, para asegurarse la hegemonía y defensa de los intereses de la clase dominante, de la oligarquía criolla cafetalera y de la naciente burguesía nacional, que imitando a sus antecesores, han detentado el poder en base a la intolerancia, el terror y la represión en contra de la población.
Más tarde, se impuso la violencia anticomunista, guiada por la Doctrina de la Seguridad Nacional y la defensa de los intereses imperialistas y oligárquicos. Recuerden la invasión mercenaria en 1954, promovida, dirigida, financiada y estimulada por el Gobierno estadounidense y su Agencia Central de Inteligencia, la CIA por su acrónimo en inglés, que en forma despiadada persiguió y reprimió con brutalidad sangrienta a mujeres y hombres revolucionarios de la época.
Seguidamente, recuerden el origen del conflicto armado interno y la inauguración e instalación de las dictaduras militares contrainsurgentes, distinguidas por el sello brutal, intolerante, represivo, sanguinario y violencia sistemática de los Derechos Humanos. Recuerden las masacres selectivas e indiscriminadas, el genocidio, la tortura, la desaparición forzada e involuntaria, las ejecuciones extrajudiciales y sumarias, el absoluto desprecio por la vida humana y el comportamiento salvaje e inhumano de las fuerzas de seguridad del Estado.
La intolerancia de éstas, enseñaron el uso despiadado de la fuerza, el abuso de autoridad y el absoluto irrespeto por la vida humana. Recuerden a ROGELIA CRUZ MARTÍNEZ, NORA PAIZ, EUGENIA BARRIOS MARROQUÍN, SILVIA AZURDIA y muchas otras mujeres indígenas y ladinas, quienes fueron torturadas, abusadas y sus cuerpos encontrados mutilados y desmembrados por esbirros de la dictadura militar, estos crímenes todavía hoy, siguen impunes.
Relaciono estas historias de terror, muerte y represión para recordar que la violencia social que vivimos en el país, no es un asunto de hoy ni de la historia reciente, más bien, es una herencia acumulada a través de toda la construcción histórica, para imponernos la cultura de violencia, de intolerancia, con el propósito de sembrar el terror, el silencio y la paralización social.
Los crímenes brutales en contra de mujeres y niñas, vengan de donde vengan, nos conmueven e indignan por la impotencia, la indefensión ante la violencia criminal y la ineficacia de los gobernantes para controlar actos tan horrendos e inhumanos. Este sábado a las 10:30, frente a Palacio Nacional me sumo a repudiar la violencia.
P.S. EDGAR PALMA LAU, Presidente de Asociación El Derecho y de AEU, ejecutado por esbirros de la dictadura militar contrainsurgente el 20 enero 1982.