Cuando se anunció que Jorge Serrano publicaría el libro “La Guayaba tiene dueño”, alguien me dijo que se trataba de una costosa inversión para preparar el terreno para su retorno al país y que el exmandatario no iba a escatimar recursos para allanar el camino a fin de resolver su situación legal. Ahora, pocos meses después de su ejercicio para afirmar que el poder en Guatemala está secuestrado por la familia Gutiérrez, se produce una resolución judicial que es la mejor muestra de que aquí, en este nuestro pobre país, no sólo la Guayaba ha estado en pública subasta para que los financistas de los políticos hagan micos y pericos con los recursos nacionales, sino que especialmente nuestro Sistema de Justicia también se compra y se vende como proxeneta.

El colofón de la maniobra se produjo ayer, no cuando se supo de la resolución del tribunal, sino cuando desde Panamá Jorge Serrano dice que Dios le ha dado la razón y que ahora se confirma que él actuó bien y que Ramiro de León Carpio dirigió un gobierno de facto producto de un golpe de Estado. Conociendo a Serrano, no tarda en iniciar acciones de resarcimiento para que el Estado de Guatemala compense lo que ya no se pudo llevar porque se acortó su período.
 
 Yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo que nuestro sistema político se ha convertido en una terrible plutocracia en la que el mejor postor es quien manda. En campaña política se hacen las apuestas, se pone en subasta a Guatemala para que los que pongan las fichas en símbolos ganadores puedan alzarse con la riqueza del país mediante contratos, concesiones, tráfico de influencias y favores de todo tipo que sirven para acrecentar el poder y la influencia de los que son, desde hace tiempo, los dueños del país. Los políticos son simplemente los socios circunstanciales que, sabiendo lo efímero de su influencia y poder, tienen que armarse en cuatro años porque ya no vuelven a repetir en ese carrusel de corrupción.
 
 Pero para que el modelo funcione es esencial que se disponga de una cobertura precisa en el sistema de administración de justicia de manera que esté garantizada la impunidad de los que participan en el juego. Y esa corruptela del sistema, que hoy en entrevista con La Hora el buen amigo Gabriel Medrano trata de minimizar en muy mal momento, es lo que ayer facilitó la resolución que viste de niño de primera comunión a Jorge Serrano, como cuando era un niño muy católico y muy devoto.
 
 Hace muchos años dije que si Jorge Serrano tuviera los pantalones de regresar a Guatemala como lo hizo Espina, enfrentaría una tibia sanción por haber violado la Constitución de la República y podría hacer negocios tranquilamente en su tierra. Evidentemente me equivoqué, porque yo suponía que dadas las deficiencias de nuestro sistema, únicamente sería castigado por eso, pero nunca se le podrían probar los delitos de corrupción por los que fue acusado porque, para empezar, él se enriqueció con los confidenciales que eran el arca abierta para que los gobernantes se volvieran millonarios, al margen de los negocios que hacen y de las comisiones que reciben en negocios que nunca dejan huella. Los confidenciales, por cierto, fueron sustituidos por la perversa maniobra de nutrir a la Presidencia con cargo a las partidas de gastos secretos del Ejército que vinieron a cumplir exactamente el papel de los confidenciales.
 
 Hoy vemos que ni siquiera por el evidente, incuestionable, contundente y burdo delito de violación de la Constitución se ha de perseguir a Serrano, salvo que se produzca un fallo reparador que haga prevalecer el Estado de derecho.