A estas dos amenazas debemos de sumarle la gripe A H1N1 porque, obviamente, al haberse iniciado en México es para nosotros una preocupante amenaza a la salud, implica un grave problema porque somos el paí­s de América Latina con mayor frontera con México.

 

El Gobierno de la República ha reconocido en esta amenaza a la salud nacional, una causa suficiente para recurrir a la Ley de Orden Público y Estados de Excepción, establecida en los artí­culos 138 y 139 de la Constitución y ha decretado «estado de Calamidad Pública». Al hacerlo, el presidente en funciones, docor Rafael Espada ha suscrito, sancionado y publicado un acuerdo donde se limitan los artí­culos 5, 6, 33 y demás como se lo permite la Carta Magna, hecho que ha implicado que públicamente se cuestione la necesidad de limitar y restringir la libertad de acción, aspecto que ha merecido el apoyo crí­tico que repetitivamente se produce por algunos diputados que de forma permanente, para figurar, critican al Gobierno no importando cuál sea la medida.

 

Es el pleno del Congreso el que deberá, conforme a la ley, en los siguientes tres dí­as conocer, ratificar, modificar o improbar total o parcialmente el contenido de la disposición legal indicada.

 

Lo que no debe dejar de ser motivo de la máxima atención del paí­s es el hecho que Guatemala no está preparada, como la mayorí­a de los paí­ses del mundo, para combatir la gripe A H1N1 y que si no fuera por la donación de 20,240 dosis de Tamiflu provenientes de la Organización Panamericana de la Salud, que esta entidad recibiera en el 2006 de la Casa Roche, nuestras reservas y recursos de medicamentos antivirales serí­an prácticamente inexistentes, culpa del anterior gobierno.

 

Está bien que las actividades programadas por Cohesión Social no se suspendan, pero lo que es injustificable, inexplicable es que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala públicamente informe que licitará seis mil segundos en la televisión sobre Guatemala y Belice», espacios para una «Campaña que incentive el voto en la consulta popular que debe realizar para llevar el conflicto a una Corte internacional».

 

Este gasto que ascenderí­a a Q3.6 millones, según lo informa el vocero presidencial y la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia no tiene justificación, no es un gasto prioritario y deberí­a de trasladarse de inmediato ese recurso al Ministerio de Salud para utilizarse en campañas de televisión preventivas e informativas en relación a la salud relacionadas exclusivamente a la gripe indicada.

 

La visita que hiciera al Congreso de la República el Ministro y algunos de los viceministros para cabildear a favor de que el Congreso apruebe la negativa consulta que podrí­a significar la pérdida definitiva de nuestros legí­timos derechos sobre buena parte del territorio de Belice, evidencia la enorme responsabilidad que la Cancillerí­a tendrí­a en dicha pérdida, la cual se extenderí­a al Presidente y Vicepresidente de la República. Ellos son los responsables de la polí­tica exterior y de mantener la integridad territorial y la dignidad de la Nación.