Con uno que se cuele sin llenar los requisitos o sin tener la independencia que hace falta, el daño estará hecho porque ese serí­a el nombrado para mantener la cooptación de la institución que tiene a su cargo la función de fiscalí­a y el monopolio de la acción penal, lo que explica en buena medida por qué Guatemala sufre lo que sufre en materia de impunidad, toda vez que el crimen organizado sabe perfectamente que donde hay que detener la investigación y la posibilidad de sanciones penales es precisamente en el mismo Ministerio Público. Obviamente si al Presidente le proporcionan una lista en la que aparece el nombre de alguien susceptible de ser manipulado o, peor aún, de alguien que ya está apalabrado para cumplir la función de testaferro, terminará designando a esa persona que puede ser útil a sus intereses polí­ticos. Habrí­a que ser tonto para nombrar a alguien independiente de quien no se sabe qué esperar si existe la posibilidad, por inclusión en el listado, de que se nombre a alguien «dispuesto a cooperar». Por ello es que todo el peso de la responsabilidad cae en definitiva sobre los miembros de la Comisión de Postulación y a la hora de juzgar la decisión del Gobierno, no se puede pasar por alto que quienes tienen la obligación de realizar el filtro adecuado son los juristas que integran esa comisión y que, por su formación y experiencia, son los llamados a conocer mejor que nadie al gremio de abogados de donde tendrá que salir la lista de nominados. Y es mucho lo que depende del trabajo de la comisión, puesto que si entendemos el proceso de administración de justicia y de combate a la impunidad, tenemos que reconocer que la figura del Fiscal General es determinante, acaso en demasí­a, porque de quien resulte nombrado dependerá si se puede realizar una efectiva depuración para terminar con la hegemoní­a que las bandas del crimen organizado tienen en la institución para proteger sus intereses. Por ello es que tenemos que entender todo lo que está en juego y la gran responsabilidad de los postuladores.