í“scar Berger termina su período entre el aplauso de los empresarios que vieron cómo se impulsaba el crecimiento económico del país y la crítica de los sectores sociales que vieron agrandarse la brecha existente por incapacidad de trasladar esos beneficios al colectivo de la población. Pero aunque ese tema sea polémico y objeto de debate, porque cada parte tendrá sus puntos de vista valederos, hay una cuestión que nos interesa marcar como la gran tarea que fue el mandato recibido por Berger y en la que no se avanzó ni un ápice.
Se trata del cambio de los sistemas administrativos para erradicar la corrupción. En efecto, Berger llegó a la Presidencia como resultado del clamor provocado por el destape en los medios sobre la corrupción de Portillo. Sin ese ingrediente el hasta ahora Presidente no hubiera sido mandatario guatemalteco y en consecuencia habría que entender que se le eligió cabalmente para que se hiciera algo en contra de ese flagelo que contribuye al empobrecimiento de la Nación.
Sin embargo, la tesis de Berger y su gente fue que el problema era de personas y no de sistemas y por lo tanto no se aprovechó que la sociedad había sido sensibilizada sobre el tema para promover los cambios de fondo que permitieran introducir elementos de control más efectivos. Por el contrario, en este gobierno se usó y abusó de los fideicomisos, fuente de corrupción en los gobiernos anteriores, y se usó en exceso y con manga ancha la contratación de entidades internacionales para que ejecutaran el gasto público a fin de que la inmunidad diplomática se convirtiera en el escudo para evitar el escrutinio de las cuentas.
Si a corrupción sistemática vamos, en este gobierno hubo más que en el anterior porque Portillo se caracterizó por los gavetazos, como el de Gobernación, el Crédito Hipotecario Nacional y los traslados del Ejército a la Presidencia. En este gobierno se trabajó con base en fideicomisos y contrataciones con entidades internacionales, además de que persistieron los traslados del Ejército a la Presidencia, instrumento que desde tiempos de Ramiro De León Carpio se viene utilizando para jugarle la vuelta a la Constitución que prohíbe los gastos confidenciales.
El próximo gobierno encuentra intacta la estructura que permitió el saqueo del Estado en gobiernos anteriores. No hay ninguna acción que impida la corrupción y hasta Guatecompras, el cacareado programa de supuesta transparencia, ha sido criticado porque no se toman en cuenta inconformidades ni se aplica con verdadera probidad. De suerte que si alguna tarea dejó pendiente este gobierno fue la de estructurar sistemas administrativos menos propensos a la corrupción y que permitan mayores controles.