Mantener el equilibrio entre la explotación de recursos naturales, principalmente en armonía con el ambiente del país, y buscar un desarrollo económico-social es uno de los grandes retos para cualquier Estado, especialmente aquél donde ambas circunstancias (ambiente y desarrollo) no son sostenibles.
Guatemala es sumamente rica en recursos naturales, y esa riqueza se convierte, en los actuales tiempos, en una responsabilidad adquirida por sociedad y gobierno, no solo en su mantenimiento sino también en su conservación, y principalmente, ante las tentaciones de la explotación de dichos recursos, en realizarla de una forma responsable y orientada exclusivamente a que se obtenga un beneficio directo para el desarrollo económico-social de la población en general, pero particularmente la más necesitada.
Al conocer la realidad de otros países, los que también cuentan con alguna riqueza ambiental, se puede apreciar la ruta que han tenido en un proceso inicial de mantenimiento, mediante una concienciación hacia la población de lo importante que constituyen estos recursos, para posteriormente generar un proceso de reglas claras para su explotación parcial, y solamente con un plan de respaldo para su renovación y sostenibilidad; una vez alcanzado esa conciencia y responsabilidad, continuar hacia su conservación, mediante acciones nuevamente de protección e información que incluyen normas legales, instituciones ambientales fortalecidas y limitaciones a la explotación nacional (difícilmente estos ejemplos reflejan explotación de países o empresas internacionales como sucede en Guatemala).
La situación medioambiental en Guatemala se ha vuelto compleja, especialmente porque parece iluso no permitir que inversionistas extranjeros puedan ingresar al país y contribuir con ese desarrollo, pero en realidad no se ha alcanzado ese balance tan importante, en donde hacer responsable a la propia sociedad y la población para esa explotación, pero al mismo tiempo contribuir con aspectos para su conservación.
Esa responsabilidad que es compartida por todos, se ha convertido en exigir de estas empresas nacionales o extranjeras, una responsabilidad social empresarial para la conservación o bien para lograr desarrollo solo para las comunidades cercanas a los distintos proyectos. Y esas exigencias, se transforman en derechos para estas empresas, que creyendo que esta circunstancia los hace dueños de los recursos, cuando solamente están autorizados para su explotación. Claramente esto no es suficiente, y por ello las principales autoridades deben someter los distintos mecanismos de protección socio-ambiental a discusión, en aras de encontrar un lógico funcionamiento para el país y que permita que esos recursos naturales tan bellos que se observan en cascadas, volcanes, montañas y mares, puedan ser explotados no solo por grandes empresas que arriesgan su sostenibilidad, sino en otro tipo de actividades económicamente rentables y socialmente aceptadas –como el turismo ecológico- que pueda garantizar un ambiente sano y conservado, y que apoye en el desarrollo del país.
El compromiso, la responsabilidad y la obligación es de todos(as) habitantes, inversionistas y autoridades, para que Guatemala y el resto del mundo puedan disfrutar de la naturaleza y al mismo tiempo encontrar en ella, una aliada para mejorar las condiciones de vida de las personas.