Hace poco menos de tres años, el licenciado Juan Francisco Reyes López me visitó para comentarme que su sucesor, Eduardo Stein, había solicitado a la Contraloría de Cuentas una auditoría sobre los contratos de arrendamiento que sirvieron para que, junto al caso del Patronato Antialcohólico, se le iniciara el proceso que le llevó a vestir el uniforme anaranjado que en ese tiempo se estilaba para quienes estuvieran guardando prisión. Según Paco, el dictamen de la licenciada Rosa María Aguilera García, Auditora Gubernamental, establecía que en los contratos referidos se cumplió con lo que preceptúa la Ley de Compras y Contratación del Estado, con lo que la mitad de las acusaciones en su contra, fuera de la del caso del Antialcohólico, prácticamente se caían.

En  ese tiempo Reyes López pidió, amparado en la Ley de Acceso a la Información, copia del dictamen rendido con fecha 29 de junio del año 2009, pero la unidad específica para el manejo de esa información le respondió que “el informe de revisión especial fue presentado directamente en esa instancia, (Fiscalía de Sección contra la Corrupción)” y que es de carácter reservado por encontrarse en proceso de investigación en el Ministerio Público.
 
 Habiéndose fijado para ayer la fecha de audiencia para decidir la apertura de juicio en su contra, Reyes López solicitó a la fiscalía que lleva su caso que presentara el original del documento que contiene el dictamen o informe de la licenciada Aguilera García con relación a los arrendamientos por los que se le acusó de peculado. Esa documentación es fundamental, a juicio de su defensa, porque evidencia que en los contratos que fueron motivo de la acusación en su contra se habían cumplido con los requisitos de la Ley de Contrataciones del Estado.
 
 Ayer mismo, al terminar la audiencia, Paco me visitó sin poder ocultar su frustración por lo acontecido. El Fiscal a cargo del caso, dice el exvicepresidente, se presentó diciendo que no pudo localizar el documento de marras, mismo que según informe escrito de la encargada A.I. de la Unidad de Acceso a la Información, fechado el uno de agosto del año 2011, fue entregado directamente al Ministerio Público para que sirviera en la investigación seguida contra el licenciado Juan Francisco Reyes López. El representante de la fiscalía en el proceso indicó que no “encontró” el dictamen cuya presentación para incorporarlo al proceso había solicitado el acusado.
 
 Si en un proceso tan mediático como el que se le sigue a quien fue Vicepresidente de la República, el Ministerio Público no puede encontrar entre el expediente un documento formal de la Contraloría de Cuentas, en el que se analizan desde el punto de vista práctico y legal las operaciones que dieron lugar a la acusación, qué se puede esperar de otros casos que no están tan en el centro de la atención pública.
 
 En este caso puede ser un documento que sirva a la defensa del acusado, pero así como se pierde un dictamen en este proceso se pueden perder muchos documentos que podrían servir para fortalecer la acusación y esos manoseos son los que impiden que se pueda asegurar el imperio de la ley y acabar con la impunidad.
 
 En el caso de Reyes López la audiencia para decidir la apertura de juicio se fijó para agosto de este año, para darle tiempo al fiscal de buscar entre los papeles el dictamen de referencia.