Recientemente Siglo Veintiuno publicó los resultados de una encuesta sobre la actitud de los guatemaltecos frente a la limpieza social, dando cuenta que el 60% de la población avala esa práctica como un instrumento para enfrentar la violencia y criminalidad. En realidad la cifra no es sorprendente porque coincide con las reacciones que uno encuentra cuando habla del tema y, sobre todo, cuando critica esas prácticas ilegales, topándose con mucha gente que manifiesta su total acuerdo con la tesis de que delincuente visto tiene que ser delincuente muerto porque, según dicen, nuestro sistema de justicia no funciona y cuando, por casualidad, alguien es condenado, lo más probable es que siga delinquiendo desde la cárcel o que se escape tranquilamente.
ocmarroq@lahora.com.gt
Terrible tiene que ser la sensación de las autoridades encargadas de combatir la impunidad al comprobar que nuestra población ha roto relaciones con el Estado de Derecho y prefiere el uso de la fuerza para combatir las distintas manifestaciones del crimen. Abogados que trabajan tanto en el Ministerio Público como en los tribunales tienen que sentir la frustración de saber que el resultado de su trabajo es, cabalmente, el de lanzar a la ciudadanía a creer más en la actuación de escuadrones de la muerte que en el papel que puede jugar la administración de justicia.
Y uno tiene que entender, en el fondo, que se trata de una reacción desesperada de la gente que no encuentra el menor consuelo en el papel de las instituciones. Si hablamos de la Policía Nacional Civil, hay que decir que a ojos de los ciudadanos esa institución lejos de ser fuente de confianza y seguridad, es causa de alarma y temor. Encontrarse frente a un retén policial o recibir la señal de alto de alguna patrulla es motivo de preocupación para cualquiera, porque son demasiados los antecedentes que, sin llegar a ser tan trágicos y espeluznantes como los de los diputados del Parlamento Centroamericano, sí justifican el temor de la población frente al uniforme de nuestra policía.
En el caso del Ministerio Público es patético el resultado de las inversiones realizadas para mejorar su capacidad. Pese a que aumentó de manera importante aunque no suficiente el presupuesto de la institución, los logros no guardan proporción porque seguimos teniendo una fiscalía que no es capaz de investigar ni de armar debidamente los casos para lograr que los delincuentes tengan que ser condenados en los tribunales. Cierto es que el MP fue diseñado en el marco del conflicto armado para que sirviera de escudo para proteger a los que en nombre del Estado libraban la lucha contra la insurgencia, pero ahora esa misma estructura de impunidad sigue actuando, pero para favorecer a quienes a partir de las estructuras estatales, organizaron el crimen en Guatemala.
Un país que renuncia a la majestad de la ley y cuyos habitantes están satisfechos con la práctica de ejecuciones extrajudiciales no tiene ni sentido ni futuro. Urge rescatar el sentido de la justicia para que dejemos de prostituirnos colectivamente avalando acciones no sólo ilícitas, sino inhumanas para enfrentar el flagelo del crimen y esa será, sin duda, la gran tarea que tendrán que cumplir quienes resulten electos, trabajando en conjunto con las instituciones del sector justicia para devolver peso y relevancia a la ley.