Si vamos repasando aquellas cuestiones en las que es urgente y puntual la necesidad de compromiso de los candidatos a la Presidencia de la República y de sus partidos, sin duda alguna que el tema de la fiscalización del gasto público y el combate a la corrupción constituye uno de los más importantes por el impacto que tiene en cualquier otra área de la administración pública. Un paí­s como Guatemala, con escasa recaudación fiscal, tendrí­a que tener un aprovechamiento óptimo de los recursos para llevar servicios a la mayor cantidad de personas.

Desafortunadamente no sólo carecemos de un ente fiscalizador fuerte y adecuadamente reglamentado para ejercer sus funciones, sino que a ello se agrega que los funcionarios han hecho la trampa perfecta para evadir los escasos controles. La argucia de los fideicomisos y la mañosa utilización de entidades extranjeras para administrar los fondos para proyectos especí­ficos constituyen un descaro para violentar el escaso régimen de control del gasto público. Tanto los fideicomisos como organismos internacionales, tipo la OIM, la OACI y el PNUD se han prestado, mediante el cobro de una tarifa, para manejar fondos de manera «expedita» y de paso evitar, dadas sus inmunidades diplomáticas, que la Contralorí­a de Cuentas pueda auditar la forma en que se manejaron las partidas.

Y en cada una de esas entidades puede haber uno o varios grandes o pequeños Wolfowitz, es decir, burócratas internacionales que, como los criollos, usan sus puestos públicos para corromperse y para beneficio personal. Si es cierto aquello de que «en arca abierta el justo peca», podemos imaginarnos cuántos pecados se esconden en esas multimillonarias arcas abiertas que son los fondos constituidos para ser administrados por una burocracia que puede ser internacional pero que, como los hechos demuestran, no tiene nada de cristalina.

Por ello es que cuando los polí­ticos hablan de transparencia y de combate a la corrupción, es indispensable que digan qué harán no sólo con los fondos actualmente encomendados a esas agencias, sino cuál será su postura respecto a la contratación de esas entidades para evitar el control financiero que por mandato constitucional tiene que ejercer la Contralorí­a de cualquier erogación que vaya con cargo a cuentas públicas. Y, de paso, que nos digan si accionarán penalmente contra los funcionarios que violentaron el sistema de control y auditorí­a establecido por la Carta Magna en éste y anteriores gobiernos, para deducir la responsabilidad que les corresponde por haber evadido la acción contralora.

Si no se definen al respecto, hay que dudar porque puede ser entonces que todo lo que ofrecen lo pueden estar manejando por la ví­a ilí­cita y anómala de entregar millones a esa burocracia internacional, entre la que hay tantos Wolfowitz, para que manejen el escaso dinero del Estado sin rendirle cuentas a la entidad que por mandato constitucional tiene la facultad y obligación de verificar el gasto.