Es imposible suponer que eternamente el pueblo de Guatemala permanecerá impávido ante la impunidad y la falta de justicia que se convierten en generadores de más violencia y criminalidad. Indudablemente hemos sido un pueblo en extremo aguantador y tolerante antes las fallas sistemáticas de todo lo relacionado con la administración de justicia y prevención del delito, pero tanto va el cántaro al agua que por fin se rompe.
Y eso es lo que estamos viendo actualmente con la nueva proliferación de linchamientos, porque la gente está harta de ver que los delincuentes se ríen en la cara de los ciudadanos y siguen cometiendo toda clase de tropelías sin la menor reacción institucional. Desafortunadamente para el país, para su gobernabilidad y para el imperio de la ley, la situación ha llegado a extremos tan críticos que el agobio popular se traduce en ira, en explosiones de turbas que aplican castigos que no guardan proporción con el tipo de delitos cometidos, pero que al final de cuentas son no sólo una forma de venganza, sino también una forma de expresar el cansancio de la gente.
El gobierno tiene que replantear seriamente sus prioridades, puesto que si bien el tema de la cohesión social es fundamental y de enorme importancia en un país donde hay tanta pobreza, nada justifica la indiferencia e indolencia que muestran frente a la criminalidad y la violencia. Es más, el presupuesto de seguridad este año se vio mermado para privilegiar la cohesión social y muchos suponemos que en eso tiene más peso el juego político y clientelar que una verdadera solidaridad.
Porque no puede entenderse el concepto de un gobierno solidario si vemos que nadie se inmuta ni conmueve con la sucesión de asesinatos y de atracos a mano armada. Miles de guatemaltecos han sido víctimas de extorsiones de todo tipo y no hay poder capaz de poner orden, de aplicar la ley y proteger al ciudadano honrado.
Crece, en ese sentido, el clamor por la limpieza social y por la aplicación de ese concepto de justicia por propia mano que está manifiesto en todos los linchamientos que se producen en el país. Un gobierno realmente solidario tendría que entender el sufrimiento diario de un pueblo sin seguridad y sin justicia y trabajar seriamente para corregir el mayor problema que tiene el ciudadano, que es el de sobrevivir en esta jungla dominada por el crimen organizado y por los grupos que operan en un marco de absoluta impunidad. La indiferencia del régimen ante el problema de la seguridad nos demuestra que lo de solidario es apenas un slogan con fines electoreros.