Inaudito resulta que a pesar del desmedido crecimiento poblacional y el permanente estado recesivo de nuestra economía, aquí en Guatemala no tenemos políticas públicas que por lo menos intenten paliar esta situación. No hay políticas poblacionales ni un plan debidamente estructurado que fomente la inversión, situación que ha derivado en un crecimiento demográfico desmedido y un pobre aparato productivo que solamente promete el agravamiento general de las condiciones sociales de nuestro país. Ante estas circunstancias, la emigración se ha constituido hasta ahora en esa válvula de escape liberadora de presión dentro de nuestra sociedad. La gente se marcha de Guatemala en búsqueda de oportunidades y de una vida mejor, por tal razón, nuestra comunidad transnacional es parte de esos 190 millones de personas que viven fuera de su país natal.
Los 3,610 millones de dólares enviados por nuestros compatriotas a sus familias en Guatemala en el año 2006, son parte de esos 250,000 millones en remesas que se trasladan actualmente alrededor del planeta. Gracias al dinero que envían los emigrantes la pobreza en Guatemala y en otros países del orbe ha tenido un estancamiento importante, que en caso contrario, nos encontraríamos en niveles que muy bien podrían calificarse de apocalípticos. A pesar del drama humano que constituye la emigración, es indudable que hasta ahora los países expulsores de población han resultado beneficiados en el aspecto económico, aunque nuestros gobernantes se han negado a observar la otra cara de esa moneda llamada migración. Y ese reverso de la moneda son las nuevas leyes antiinmigrantes que no solamente países como Estados Unidos están impulsando, se observan alrededor del planeta, pero nuestra principal preocupación está enfocada en esos sucesos de la Unión Americana. En mayo de este año el Senado estadounidense decidió posponer la reforma migratoria, que a mi juicio, a causa de esos ingredientes letales que integran esa ley, esta demora no representa otra cosa que un respiro y un compás de espera para ese nuevo ciclo social y económico que con una disminución gradual pero drástica en remesas, le esperaría a países como el nuestro. La idea diseminada dentro de la población anglosajona (198.7 millones de personas) de que el alto crecimiento demográfico de los hispanos (44.3 millones) en Estados Unidos representa una amenaza para sus intereses, ha tenido como derivado que la mayoría de este segmento racial apoye estas leyes restrictivas. En los sesentas los anglosajones constituían el 77 % del total de habitantes de ese país, hoy esa estadística se ha reducido al 66% y con una baja tasa de crecimiento anual (0.3%) que contrasta con la latinoamericana (3.4%), esas ideas antiinmigrantes han sido muy bien vendidas. Indudable resulta entonces que si bien la próxima reforma migratoria legalizará (gradualmente) a parte de la población indocumentada de ese país, también es axiomático que estará dirigida principalmente a frenar la inmigración. Y el efecto social y económico en nuestro país, con una sobrepoblación y un mercado laboral estrecho, solo es cuestión de imaginárselo.