Durante los últimos años, paulatinamente hemos visto un cierto despertar de grupos, organizaciones e individuos que participan y expresan sus opiniones en quiénes deben ser las personas que se designen o elijan a cargos como la Corte Suprema de Justicia, los magistrados de las cortes de Apelaciones, el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas, la Corte de Constitucionalidad y otros.
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Quienes al respecto se han manifestado son la muestra de una evolución social que es de esperar continúe su aumento y de esta manera la sociedad civil, la sociedad en general, se comprometa con la responsabilidad que tiene y conlleva que la Constitución y demás leyes establezcan que para elegir o designar a los titulares en esos puestos, no sólo existan comisiones de postulación o nominación sino que las mismas reciban y perciban que poco a poco los sectores, asociaciones o personas individuales emiten opinión respecto a quienes aspiran y a quienes deben ser los que ocupen los puestos señalados.
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Quienes se han manifestado no son infalibles, ni obligatoriamente las únicas personas que deberían de manifestarse, pero mientras la mayoría no se manifieste tampoco podemos criticar que una minoría lo haga, así es la democracia. Es por analogía lo mismo que sucede con los ciudadanos que votan, que se abstienen o incluso que votan nulo en una elección general. En la democracia la mayoría que vota u opina o los que apoyan, critican, censuran o avalan a las comisiones postuladoras o nominadoras son los que influyen y en parte deciden.
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En las comisiones propiamente, cada quien es responsable individualmente de su actuar. Pretender decir que todos los rectores o decanos de las universidades existentes en el país son las mejores personas sería olvidarse de lo falible del ser humano. Unos están mejor calificados, mejor preparados que otros, así sucede.
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Nadie duda que en los colegios profesionales, en las asociaciones y organizaciones estudiantiles también se producen grupos, alianzas de diferente naturaleza, algunas estimuladas por la cúpula empresarial, por las cámaras que integran CACIF o por grupos de profesionales afines que al igual que una cadenita, se enlazan, se tejen y se jalan los unos a los otros. Basta analizar algunos de los nombres para saber de inmediato de dónde provienen, qué afinidades o qué interés les une y mientras les funcione no dejarán de hacerlo. El estímulo es el beneficio de grupo, de sus patrocinadores y de sus intereses, por supuesto, el ideal sería que se buscara el beneficio de la colectividad, el progreso en común y no del grupo o sector en particular o individual.
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Otros se asocian por generación, por estrato social o incluso por pertenecer a una u otra universidad. Es imposible descartar que también haya afinidades por tendencia política, por partido o incluso por afinidad a los diferentes gobiernos. No es un secreto que durante el Gobierno de ílvaro Arzú, el PAN y algunos de sus diputados o miembros del Club de París se coordinaron, se confabularon para elegir y lograr una Corte Suprema de Justicia y una parte del sistema judicial muy afín a ese partido, a ese Gobierno y a ese grupo de diputados que sin ningún recato se jactaba de su influencia, si no pregúntenselo a la diputada Anabella de León o al ex magistrado José Quezada. Por ejemplo, lograron que de la quiebra del Banco Empresarial no se diga, no se sepa y mucho menos se resuelva o rescate los Q532 millones y buena parte se auto-prestaron los socios fundadores y sus directivos a cero interés, sin garantía prendaria o hipotecaria, sin que hasta la fecha se haya resuelto ese oneroso asunto.
Continuará.