Un gobierno es un sistema complejo de dirección social que no puede reducirse a la crí­tica del principal puesto del Ejecutivo. No obstante, muchas de las acciones de gobierno se explican por la persona que ocupa el alto cargo de dirigir al paí­s. Otro punto a tener en cuenta consiste en que el Presidente de la República representa la unidad nacional, por lo tanto, los demócratas no pueden lanzar denuestos a quien ostenta el cargo. No obstante, al final del mandato, es dable referirse con claridad a las causas personales que impidieron mayores realizaciones en la administración pública.

En primer lugar, í“scar Berger demostró poca estima de la institucionalidad democrática que ha funcionado para mantener los privilegios patrimoniales propios y de su clase. En efecto, durante su mandato, afectó gravemente el funcionamiento institucional, por medio de nombramientos inopinados, precipitados y caprichosos en cargos que están regulados constitucionalmente. De esa manera afectó al Ministerio Público y a la Procuradurí­a General de la Nación. Pasó sobre leyes y reglamentos en la Junta Nacional de Servicio Civil, Superintendencia de Administración Tributaria, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y otras oficinas.

En segundo lugar, el odio expresado contra los funcionarios que le antecedieron, ocupó gran parte de su acción y no consiguió sus objetivos: tanto Alfonso Portillo como Francisco Reyes López están en libertad y no se han podido sustanciar las causas en su contra.

En tercer lugar, la seguridad interior cayó en el peor desastre desde los negros años del enfrentamiento armado. El asesinato de personas que se manifestaban sin armas, en medio de grupos ciudadanos y por motivos que ameritan ser discutidos ampliamente, sucedió en casos tales como la protesta en Sololá por la minerí­a y en la finca Marí­a Linda de la Costa Sur, así­ como en otros casos de conflicto agrario donde hay relación familiar del mismo Berger.

Igualmente, está claro que altos funcionarios policiales y públicos practicaron la «limpieza social», especialmente contra jóvenes de conducta conflictiva y en casos puntuales contra dirigentes populares. La falta de impulso a la profesionalización policial, derivó tanto en el fomento de la impunidad y en el auge de la influencia de la delincuencia ligada a la narcoactividad que tiene su clí­max en el asesinato de los diputados salvadoreños al Parlacen.

En cuarto lugar, ahondó la suspicacia de los ciudadanos contra los militares, al utilizarlos en tareas de seguridad pública. En lugar de fomentar medidas de confianza hacia el Ejército, mejorar su equipamiento, elevar su capacidad tecnológica, definir su misión de defensa externa y de objetivos nacionales compartidos. Berger recurrió a la imagen represiva formada por las acciones de terrorismo de Estado, practicado durante el enfrentamiento armado, para armar un «espantapájaros» caro e ineficiente que buscaba disminuir la criminalidad. Los hechos son claros, no sirvió para nada.

Las celadas burocráticas que se lanzaron contra Berger tuvieron éxito en separarlo de decisiones clave para orientar al Legislativo o para decidir medidas de orden público. Ni su misma oficina de Relaciones Públicas pudo evitar la publicidad de comentarios precipitados y muchas veces tontos que arruinaron su imagen. Ser pelmazo no es ninguna virtud.