Siempre he dicho que nuestro sistema de impunidad tiene raíces profundas en la época colonial cuando se establecieron privilegios especiales que colocaron a los sectores dominantes en posición de inmunidad frente al imperio de la ley. Pero también sostengo que ese sistema se perfeccionó durante el conflicto armado interno porque el Estado y la sociedad diseñaron un modelo que evitaría toda sanción penal contra quienes libraron la guerra en defensa de la institucionalidad frente a la acción guerrillera. Fue en el marco de ese esfuerzo que se diseñó la estructura actual del Ministerio Público.

La elección de Claudia Paz y Paz rompió en alguna manera con el sistema porque se produjo en el marco de la influencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad y se alborotó una estructura perfectamente afinada que operó sin dificultades, desapareciendo evidencias y evitando sanciones penales que pudieran afectar a los que, como en el conflicto, se presentaban cual defensores de la “gente bien” y enemigos de los delincuentes, fueran secuestradores, asesinos, pandilleros o terroristas.
 
Con la experiencia de ese Ministerio Público que se atrevió a encausar al mismo exjefe de Estado por crímenes de guerra, se produjo un reagrupamiento de las fuerzas más oscuras del país para impedir que alguna vez se pudiera repetir ese experimento que persigue romper la estructura de la impunidad. El tema ideológico importa a una parte importante de nuestra conservadora sociedad y eso se demuestra con la actuación de los decanos de las facultades más conservadoras del país, lo que dio un importante soporte a los poderes paralelos para recuperar el control que habían visto amenazado en el sistema de administración de justicia.

La alianza fue demasiado poderosa, tanto así que ni siquiera la más grande potencia mundial pudo hacer nada para proteger a la Fiscal. Era evidente, desde que la Corte de Constitucionalidad redujo el mandato, el desenlace actual porque había una perfecta conjugación de intereses y factores para no sólo evitar la elección de la actual Fiscal General, sino para sacarla cuanto antes del cargo a fin de enviar un  mensaje claro a quienes no han entendido cómo es que funcionan las cosas en Guatemala.
 
Me atrevo a vaticinar que los que antepusieron sus intereses ideológicos en esta oportunidad, aun sabiendo que estaban haciendo un pacto no con el diablo, sino con los sectores más oscuros del crimen organizado, lamentarán con el tiempo su decisión porque al final éste no fue el triunfo de una ideología sino el retorno a una situación de impunidad que ha causado enorme perjuicio al país.
 
El Estado guatemalteco empezó a oxigenarse con los pequeños avances que se dieron en la lucha contra la impunidad, pero existe toda una costumbre y forma de vida que descansa precisamente en el principio de que la ley no se aplica por parejo a todos porque hay quienes se pueden sentir seguros, hagan lo que hagan, sin temor a castigo alguno.
 
 Y esa forma de vida se ha consolidado por obra y gracia de los sectores más oscuros, apoyados por los más conservadores que se terminaron aliando para preservar la útil estructura de la impunidad.