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Afirman que la tarea de las capturas se les ha hecho cuesta arriba, debido a la falta de información sobre su paradero y por el gran número de personas que protegen a esos prófugos.

Una de las medidas que ha optado Gobernación para contrarrestar esta realidad, es emprender una campaña más fuerte para conseguir que la población informe acerca de los escondites de los más buscados.

Isabel Mendoza, director general de la PNC, comentó que esta es una modalidad que el Ministerio de Gobernación ha implementado, lo cual es debido a la gravedad y alto impacto que tienen de alguna manera los casos por los que se han ofrecido las recompensas.

Mendoza añade que esta es una medida para que los guatemaltecos de alguna manera colaboren con dicha institución y tratar que las personas que han burlado a la autoridad no huyan del paí­s, y de ser así­ se pueda obtener pistas sobre el paradero de estas.

Uno de los resultados que también han sido positivos, según Mendoza, es la publicación de las fotografí­as, y el ofrecimiento de recompensas les ha dado a las autoridades un buen resultado en la recaptura en uno de los casos registrados en el 2005, cuando 19 presos se escaparon de la cárcel de máxima seguridad de Escuintla.

Para Mendoza, las recompensas económicas, lejos de confirmar la incapacidad de las fuerzas de seguridad para capturar a prófugos de la justicia, es una forma moderna de incentivar a la población para que colabore.

«En todos los paí­ses se cuenta con programas de recompensas, para ayudar a atrapar a los delincuentes. Se ofrecen cantidades atractivas, para que las personas se incentiven y se arriesguen a denunciarlos», explicó.

Casos

Uno de los últimos casos en donde el Ministerio de Gobernación ha ofrecido una recompensa es el del asesinato de la estudiante Claudina Isabel Velásquez Paiz. Dos años después de su muerte se ofreció una recompensa de Q100 mil para quien proporcionara información sobre el paradero de los responsables de ese crimen.

Otro ha sido el del caso del ex diputado y ex alcalde Manuel de Jesús Castillo, «Manolito», por el que además de las investigaciones de la PNC también se han ofrecido 100 mil quetzales como recompensa para dar con su paradero.

Para el Ministerio de Gobernación, otro de los casos de alto impacto es acerca de la muerte de José Emanuel Méndez Dardón, quien fue asesinado el 17 de agosto en un sector de la zona 13, siendo éste hijo del activista de derechos humanos Amí­lcar Méndez, por cuyos victimarios las autoridades ofrecen 50 mil quetzales.

Para el caso Parlacen, en el que cuatro personas más se encuentran involucradas en el asesinato de los diputados salvadoreños y su chofer, también se hace el ofrecimiento de Q100 mil para quien proporcione información para su captura.

El otro caso en donde las autoridades han ofrecido una jugosa recompensa es el del Bancafé y Banco de Comercio, en donde trece personas se encuentran prófugas debido a que a estas personas se les sindica de caso especial de estafa, estafa propia, lavado de dinero u otros activos, ofreciendo una recompensa de Q100 mil.

Y el último de los casos en donde dicha cartera ofrece una recompensa es por los reos fugados de la cárcel El Infiernito, en donde actualmente existen tres prófugos, por cada uno de los cuales se ofrece la cantidad de Q50 mil quetzales.

Uno de los últimos en la lista podrí­a decirse es el caso de Cornelio Esteban Chilel, prófugo de la justicia desde el 23 de julio del 2007, quien fue liberado por un grupo de 20 hombres armados cuando era trasladado de la cárcel al juzgado.

La Policí­a tiene, además de estos 25 casos, más de 30 mil órdenes de captura pendientes, que si bien tienen relación con casos menos conocidos por la opinión pública, no dejan de tener importancia para las ví­ctimas.

Se necesita un control estricto

Para el sector civil se necesita algún mecanismo que garantice la confidencialidad de la información de los ciudadanos que quieren colaborar con la justicia, pero creen que debe haber control estricto sobre el uso de esos datos.

Verónica Godoy, de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública, consideró que una opción como la que se está planteando es valiosa.

Añadió: «Esos mecanismos hacen que la gente supere el temor a dar información a la Policí­a, ya que en general se piensa que si uno se presenta en una comisarí­a será identificado y podrí­a ser ví­ctima de represalias».

Desconfianza una barrera

Godoy apuntó que la desconfianza que la ciudadaní­a tiene en los policí­as es una barrera para conseguir datos, y que las lí­neas telefónicas que también está utilizando la PNC, en cierta forma es cada vez mejor, y en el caso de Guatemala, se han visto muchos resultados en los casos de secuestro y extorsión», afirmó.

Godoy cree que este tipo de medidas deben ir acompañadas de un refuerzo del sistema de justicia, ya que hay miles de órdenes de aprehensión que no son ejecutadas.

«Salen órdenes de captura que tienen datos y direcciones para los allanamientos que son incorrectas o están atrasadas; en otros casos la información es filtrada a los acusados.

Evidentemente, así­ es muy difí­cil darles cumplimiento», añadió.

Según Iduvina Hernández, de la organización Seguridad en Democracia, esos son buenos mecanismos, porque ofrecen confiabilidad, pero es necesario que sean controlados.

También señaló que la Policí­a debe poner toda su voluntad en cumplir las órdenes de captura, ya que hay casos en los cuales saben dónde están los delincuentes, pero no actúan.