A finales del año 2006 me tocó coordinar a un grupo de profesionales expertos en finanzas, economía y estadística y elaboramos, con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-, el estudio que lleva como título “El costo económico de la violencia en Guatemala”.
El estudio cuantifica todos los tipos de costos que conlleva el clima violento, y llega a un resultado concluyente en el sentido de que para el año 2005 el costo global llega a la friolera de 17.9 billones de quetzales, siendo los rubros más importantes las pérdidas en materia de salud y los gastos en seguridad privada, por parte de todos los ciudadanos que se protegen ante la violencia.
Desde esa época acudimos a incontables discusiones con expertos en el tema, y el estudio fue presentado en varios ambientes, poniéndome a la tarea de recolectar avances teóricos en materia de la “Economía Política de la Violencia”.
Estos comentarios vienen a propósito del análisis publicado en La Hora del pasado 22 de marzo por mi querido mentor Héctor Rosada Granados, quien analiza precisamente “La Economía Política de la Narcoactividad”, tema éste que debiera ocupar la atención de expertos en múltiples áreas pues abarca la totalidad del quehacer de negocios y economía.
El experto comienza con el abordaje lógico, preguntándose quién gana y quién pierde en esta rentable actividad económica, siendo que la misma expresa un proceso o “cadena de valor” como se le llama en los ámbitos de la economía no subterránea.
En tal sentido, se trata de diferentes actores quienes participan desde la esfera de la producción hasta el consumo, pasando por la distribución y el intercambio que por su forma de accionar afectan los derechos de propiedad y buscan el dominio de territorios, fomentando así la cultura del despojo que es parte de la lógica de diversos procesos de acumulación originaria de capitales.
Es bien sabido de procesos anteriores en donde “la sangre y el lodo” han estado presentes en la cultura del despojo agrario y de territorios, que la manipulación de las “fuentes de autoridad locales”, está a la orden del día, siendo entonces que toda la institucionalidad del desarrollo local guatemalteco está sujeta a la esclavización y el salvajismo de estos procesos de acumulación.
En tal caso, a la vez, todo el proceso de movilidad de factores de producción, como lo es el del trabajo y por supuesto la diáspora guatemalteca que busca el Norte, está sujeta a la violencia y despojo humano y material representado por el reino grotesco y salvaje de la narcoactividad, tal y como se observa en el trato de nuestros connacionales en Tamaulipas y lugares aledaños.
Es así como para hablar de ideas como la despenalización, pareciera ser que debemos elaborar toda una serie de diagnósticos de cómo están las cadenas productivas y la conquista de territorios y autoridades, a efecto de aplicar una serie de políticas que van desde la desintoxicación y recuperación de los adictos, hasta la legalización de la actividad para que deje de ser parte de la denominada “economía subterránea”.
Tal vez con ello una primera realidad que confrontaremos es que la estabilidad de nuestro tipo de cambio actual, no se debe a “realidades estacionales”, ni menos al “esfuerzo de nuestros connacionales enviando remesas”, sino a una notable magnitud de dólares que pululan en el mercado negro local, producto de este tipo de “negocios”.