Reflexionando a partir de la iniciativa Pérez Molina he podido notar cómo este tema ha ido evolucionando desde una simple idea, hasta convertirse en la génesis de algo que pudiera generar un diálogo regional en torno a la despenalización de las drogas.

No pretendo incursionar en los argumentos a favor de las declaraciones presidenciales, tampoco en aquellos que han asumido una posición de rechazo sin esforzarse por entender qué es lo que al final se propone; si es que a esta altura, aparte de llevar el tema a un diálogo regional, se estuviera proponiendo algo que pudiera estar afectando la epidermis del imperio y de sus adláteres

Mi interés no se ubica en la repetición de lo dicho o en la reconstrucción histórica de lo sucedido; más bien deseo intentar un análisis en torno a dos hechos concretos: la narcoactividad como proceso que incluye varias etapas; y la economía política de la narcoactividad;  perspectiva desde la cual se podría tratar de entender quién gana y quién pierde en ese proceso; a quién le conviene un cambio de política y a quién no.

Parto del hecho de que la narcoactividad expresa un proceso articulado por varias etapas –desiguales pero combinadas– que cubre como mínimo: la producción, la distribución, el intercambio y el consumo de drogas, en una sociedad determinada.  Esto significa que no se trata de actividades separadas sino que, por el contrario, están determinadas por un ordenamiento social específico, aunque el proceso en sí esté manifestando un fenómeno propio de la globalización, en donde la producción representa un acto de apropiación de la naturaleza en beneficio de algunos y, en contrario, un acto de desapropiación para otros; repitiendo la tendencia de unos pocos que salen beneficiados y muchos que se ven afectados.

Valga decir que la producción de algunos de sus principales productos (cocaína, heroína, mariguana) requiere, previamente, la ejecución de un acto de despojo y apropiación selectiva y violenta de la tierra, derivado de lo que antes pudo haber sido una propiedad común. Desde sus inicios y   con el paso del tiempo este acto de despojo y apropiación ha generado y reproducido sus propias formas de protección de lo despojado y lo apropiado; comúnmente mediante la manipulación a su favor de instituciones jurídicas, lógicamente por medio de entendimientos con intermediarios corruptos. 

Esto significa que el acto de apropiación y producción no está  dirigido a resolver las necesidades humanas básicas de quienes trabajan la tierra en estas condiciones; como tampoco que la distribución de los productos generados guarde relación con el esfuerzo que cada trabajador desposeído efectuó durante ese acto productivo; ni que el intercambio ni el consumo representen actos de justicia distributiva que permitieran la reproducción de las fuerzas vitales que fueron consumidas durante el acto de esa producción.

La producción, en sociedades de subsistencia agraria como la nuestra, comprende y determina, en tanto totalidad, a todos los otros ámbitos de las relaciones económicas de la sociedad; es el efecto estructural de actos previos de apropiación selectiva de la tierra, que antes era comunal, a fin de servir como base para la generación  de una materia prima, que no será apropiada directamente por el campesino paupérrimo, cuya única opción de subsistencia es vender su fuerza de trabajo. Aun cuando lo hiciera por su cuenta y en pequeña escala, se vería obligado a reproducir por igual un esquema de relaciones de producción que obligatoriamente implican servidumbre a favor de quienes poseen “la propiedad legal” de la tierra antes despojada y, en el caso de no existir esa “legalidad”, se enfrentaría ante quienes la poseen y la defienden violentamente.

Esta cadena de despojo-explotación-sujeción se repite a lo largo de todo el ciclo, generando esclavitud, pobreza y dependencia en sus posteriores etapas: la preparación de la materia prima para generar una pasta básica; el traslado de esa pasta hacia las bodegas o a rutas iniciales para su trasiego; el establecimiento de convenios y acuerdos con los operadores históricos del crimen organizado durante las rutas de trasiego o almacenamiento; y la identificación de aquellas “fuentes de autoridad locales”  proclives a la corrupción para garantizar un tránsito fácil.

Para estos fines, también se da el secuestro y extorsión de miembros de la movilidad humana que migran hacia el Norte intentando resolver sus condiciones de vida; la circulación clandestina del producto ya procesado; el consumo indiscriminado de las drogas y de sus derivados; y la búsqueda y concreción de acuerdos para garantizar la legalización (lavado) de los activos generados durante este proceso, para lo cual no es difícil encontrar contrapartes –públicas o privadas– que aceptan participar incrementando así la inversión inmobiliaria destinada a albergar espacios de oferta de productos suntuarios y prescindibles, que durante la mayor parte del tiempo podemos observar vacíos.

A este proceso también se da en paralelo la formación de grupos armados destinados a vigilar, proteger y supervisar todas sus etapas, para lo cual aplican cuotas crecientes de violencia, ya se trate de “un tumbe” a la competencia; el enfrentamiento con otros grupos de seguridad que protegen cargamentos de droga de otra proveniencia; el cobro de facturas –mediante sicarios– cuando alguien no dio cumplimiento a lo convenido; y la reproducción de patrones de corrupción e impunidad generados por el hecho básico de que poseen tanta riqueza –criminalmente generada– que pueden corromper a cualquiera y estar seguros que la ley no les alcanzará.

En esta idea inicial que plantea la despenalización de la droga y que busca su conversión en propuesta regional: ¿Cuáles de los momentos antes referidos deberían priorizarse a nivel de una política  de  desarrollo social, orientada a generar calidad de vida para quienes más lo necesitan?; ¿Dónde y cómo aplicar políticas de salud encaminadas a la desintoxicación y recuperación de los adictos?; ¿Cómo garantizar la aplicación prioritaria de los recursos expropiados provenientes de bienes y capitales –generados ilícita y criminalmente– en proyectos de desarrollo social?; ¿A cuáles de esas etapas se podría aplicar el recurso de la despenalización?; ¿A cuáles sería indispensable aplicarles la ley sin restricción alguna?; ¿Cuáles serían los efectos secundarios de todas estas decisiones, si llegaran a tomarse?; y ¿Cómo sería posible manejar esos efectos secundarios?.

El “somatón de mesa” efectuado por el presidente Otto Pérez Molina ha generado varios efectos: ubicó el tema en el centro del debate; estableció el debate en el espacio de la crítica internacional; preocupó al imperio; y ha abierto una sana discusión sobre lo que no debe hacerse.  Ahora procede que, con mucha sensatez, se intente diseñar los elementos y mecanismos que harían posible la estructuración de una propuesta, su debate y negociación. Pensamos que en algo ayudaría el ejercicio de dar respuesta a los anteriores interrogantes, para luego enfrentar la definición de una agenda regional que definiera cuál sería la prioridad; cómo  establecer consensos regionales; y cómo superar las pretensiones de aquellos que plantean la violencia como única salida.

Algunas lecciones del pasado podrían ayudar: en 1986 y 1987 durante las jornadas de Esquipulas I y II, los gobiernos centroamericanos superaron la condición de lacayos y asumieron el derecho a tomar sus propias decisiones. La evidencia histórica también nos demuestra que una nueva ley, o una nueva institución, no resuelven por sí solas lo que sus futuros actores y soportes no estén en capacidad y disposición de resolver.

*Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad del autor y no necesariamente representan la opinión de La Hora.