Los señalamientos contra administradores de justicia por sus actuaciones dejan al descubierto la importancia de analizar el trabajo que estos realizan, además de comprender el modelo de aplicación disciplinaria, en el que jueces investigan y juzgan a otros jueces, con el propósito de garantizar el debido proceso y buscar un equilibrio dentro del poder judicial.

La mañana del pasado 24 de mayo, un importante grupo de investigadores del Ministerio Público (MP) y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se presentó a una residencia en la zona 15 para capturar al ex fiscal general, Carlos de León Argueta.

La Fiscalía contra la Corrupción había trabajado durante más de un año en la investigación contra el exfuncionario, por supuesto lavado de dinero; esa mañana, De León Argueta fue trasladado al sótano de la Torre de Tribunales, en donde el juzgado de turno haría un sorteo para determinar qué judicatura conocería la primera declaración del sindicado.

En otro lado de la ciudad, la jueza Silvia Violeta de León Santos realizaba una diligencia, sin saber que sería su judicatura la encargada de conocer el proceso penal contra el exFiscal. A las cuatro de la tarde, De León Santos se presentó al juzgado, pero lejos estaba de sospechar que al día siguiente estaría bajo el escrutinio de la población, que cuestionó su actuación judicial.

La audiencia duró tres horas, tiempo en el cual la Fiscalía presentó 37 pruebas para sustentar la acusación, y posteriormente la jueza De León Santos resolvió dejar en libertad a De León Argueta y otros dos sindicados, sin ligarlos a proceso. El MP y la CICIG rechazaron la resolución, mientras que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anunció que investigaría el actuar procesal de la jueza.

Días después, un informe de la Junta de Disciplina Judicial (JDJ) reveló que existían 49 denuncias en su contra –presentadas entre el año 2001, cuando era jueza de Primera Instancia Civil y de Familia en el Municipio de Villa Nueva y enero del 2012, como titular del Juzgado Sexto. De estas denuncias, 43 no se tramitaron porque se determinó que no existía mérito.

El pleno de Magistrados de la CSJ señaló que la juzgadora desnaturalizó el proceso penal, con la no valoración de los principios constitucionales del debido proceso, por lo que ordenaron su traslado como jueza suplente. Sin embargo, la juzgadora apeló la decisión, por lo que ahora se espera que la Corte dé a conocer si su traslado sigue en pie, o continúa como hasta el momento, en funciones normales.

De León Santos, en este contexto, indica que de los doce años que tiene de trabajar como jueza ha conocido alrededor de 20 mil casos, y que en cada caso las audiencias representan una posibilidad de queja, pero nunca ha sido sancionada por la JDJ, aunque siempre ha sido investigada.

En cuanto al caso contra Carlos de León Argueta dijo que durante dicho proceso, aunque la CSJ posteriormente indicó que la falta de mérito se declaró con anomalías, ella no encontró en la acusación del MP los indicios necesarios para ligar a los acusados a proceso.

“Yo, en el medio, soy reconocida como una juez estudiosa, una juez que sabe hacer su trabajo; yo les reviso, y les pregunto (a los fiscales) ¿y si esto me está pasando a mí, qué no le puede pasar a cualquiera?” señaló.

Esta es parte de la dinámica con la que los jueces fiscalizan la actuación de otros jueces, en un sistema que lucha para terminar con la impunidad desde dentro de las instituciones del sector justicia.

QUIÉN JUZGA A LOS JUECES

César Barrientos, presidente de la Cámara Penal de la CSJ, explica que las resoluciones de los jueces solo pueden ser revisadas a través de los medios de impugnación o recursos judiciales que establece la ley; si hubiera necesidad, se analiza la conducta del juez en relación a lo administrativo, pero no es competencia de la CSJ o algún otro órgano, investigar conforme a las resoluciones judiciales.

En ese sentido, los fallos dictados pueden ser examinados por los sujetos procesales a través de dos clases de recursos: los que conocen los mismos jueces dentro del proceso, como la reposición y los que conocen otros jueces, como la apelación o la casación. Solo por ese medio pueden ser revisadas, confirmadas o revocadas las resoluciones judiciales.

En el caso de las actuaciones administrativas, Barrientos explica que la denuncia podrá plantearse ante la JDJ y el Consejo de la Carrera Judicial; la primera se encarga de conocer los procedimientos o faltas en que pueden incurrir los administradores de justicia, así como establecer las sanciones disciplinarias, salvo el caso de la destitución, la cual deberá ser impuesta por la CSJ o el Congreso de la República.

La JDJ está integrada por dos magistrados de la Corte de Apelaciones y sus respectivos suplentes, y un juez de Primera Instancia y su respectivo suplente, designados para un período de un año por sorteo practicado por el Consejo de la Carrera Judicial; un juzgador o magistrado deja su espacio en el órgano jurisdiccional para ser parte de la junta.

Las faltas disciplinarias, las acciones u omisiones en que incurra un juez o magistrado están previstas en la legislación, que establece tres grados para conocer los menoscabos por los que pueden quedar sujetos a sanción los funcionarios: leves, graves y gravísimos.

En el momento que la JDJ dicte una sanción, los togados tienen el derecho de apelar el fallo, y en dado caso, el expediente se remite al Consejo de la Carrera Judicial, y es este quien se encarga de la evaluación del proceso.

Oswaldo Samayoa, director de Incidencia Política, en el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), indica que el modelo actual es válido, en el sentido que los mismos jueces constituyen su tribunal disciplinario para conocer asuntos que resuelvan sus compañeros, y por lo tanto es correcto que anualmente se estén cambiando para evitar acomodamiento en el puesto, corrupción o falta de transparencia en la aplicación de sanciones disciplinarias.

“Debemos de tener en consideración el análisis de la funcionalidad de este modelo de juzgamiento, pues a partir de él será importante conocer los que se crean cuando el sistema de justicia tiene carreras profesionales fuertes. En esa vía, la propuesta de reformas constitucionales al sector justicia nos brindaría un modelo de que la aplicación disciplinaria judicial tendría que ser por un representante de los jueces y dos miembros del Consejo de la Carrera Judicial, para que sean distintos al OJ”, consideró el analista.

DENUNCIAS EN AUMENTO

Un informe referido por la JDJ revela que durante los últimos 18 meses se han registrado 845 denuncias en contra de jueces del ramo penal de toda la República. De estas, no se les ha dado trámite a 668, a otras 242 se les ha realizado audiencia, llegando a 20 amonestaciones, entre verbales y escritas.

Alrededor de toda la República, la Fiscalía, víctimas, defensas técnicas, sindicados y hasta oficiales de los mismos juzgados han denunciado desde actuaciones hasta actitudes por parte de los togados.

Tal es el caso de Walter Oswaldo Álvarez Coronado, juez de Primera Instancia Civil de lo Económico Coactivo en el departamento de Sololá, quien recibió una queja por “actitud poco ética y profesional, perjudicando la administración de la justicia y la imagen del Tribunal”; otra donde se señalaba irrespeto, actitud poco ética y profesional en lo laboral, y otra por “blandura en exigir cumplimiento de labores”. En este caso, la JDJ resolvió otorgar dos amonestaciones escritas al juzgador.

[PM1]La JDJ también resolvió amonestar de manera escrita a Leonel Argueta Salazar, juez de Paz en el municipio de Ipala, Chiquimula, por una denuncia de acoso laboral a las empleadas del juzgado, así como amenazas y prepotencia.[PM2]

El juez de Paz de San José del Golfo, Guatemala, Víctor Manuel Escribá Ovando, fue denunciado de maltrato verbal y psicológico, por anomalías e intimidación con arma de fuego, acoso, discriminación, por entrar a sus convivientes al juzgado, vender medicina en la judicatura y usar su cargo para beneficio propio. Por estos hechos la JDJ lo suspendió 10 días sin goce de salario.

Diversas son las causas por las cuales han sido sancionados los jueces; sin embargo uno de los casos más sonados, es el de Verónica del Rosario Galicia Marroquín, de cuando fungía como jueza Décima de Primera Instancia del Ramo Penal; quien tiene dos denuncias, una bajo el argumento de acciones anómalas, y otra por dar opinión a los medios de comunicación acerca de sus procesos.

Sin embargo, Galicia tiene un proceso por supuestas faltas administrativas que ha acaparado más la atención de la población. La extitular del Juzgado Décimo está siendo investigada por la CSJ, pues según el MP y la CICIG, la juzgadora incurrió en anomalías cuando conoció el proceso por la mala construcción de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II.

La inconformidad del MP surgió a raíz de que Galicia permitiera que Rodrigo Lainfiesta Rímola, sindicado del caso, recuperara su libertad luego de ser favorecido con una medida sustitutiva, correspondiente a una caución económica de Q15 millones, otorgada mediante una hipoteca, la cual fue aceptada por un gestor de negocios que ella nombró y no por el Presidente de la CSJ, como establece la ley.

De estas investigaciones, el OJ informó que cuatro audiencias para conocer la situación han sido suspendidas mediante recursos planteados por la jueza; la próxima se programó para el 23 de julio.

Sin embargo, en agosto de 2011, el pleno de Magistrados ordenó el traslado de la jueza del Juzgado Décimo de Primera Instancia a un Juzgado de Menores en Conflicto con la Ley Penal, donde se le nombró como juez suplente. En la actualidad, Galicia funge como Juez de Ejecución de Menores en Conflicto con la Ley Penal.

JUEZ LIGADO A PROCESO

En la actualidad hay un juez que ya fue ligado a proceso y que aún continúa ejerciendo sus labores como administrador de justicia.

Tal es el caso de Mario Peralta Castañeda, juez de la Niñez y Adolescencia de Escuintla, a quien se le dictó auto de procesamiento por los delitos de trata de personas, prevaricato, asociación ilícita y denegación de justicia, según resolvió Jiselle Reinoso, jueza Cuarta de Instancia Penal, ya que el MP y la CICIG lo sindican de la participación en la adopción irregular de la niña Angely Liseth Hernández Rodríguez.

A Peralta, se le fijaron medidas sustitutivas de arresto domiciliario, con derecho a la libre locomoción dentro del territorio nacional, y derecho a trabajar, por lo que continúa con sus labores normales en la judicatura de Escuintla.

Además de este proceso, la Fiscalía Especial contra la Impunidad presentó un antejuicio en su contra, por tenencia de un arsenal de 48 armas de diferentes calibres, marcas y modelos, además, se encontraron 390 cartuchos para armas de fuego de diferentes calibres, dos máquinas para recargar y reacondicionar cartuchos calibre 32, 38, 40, 44 y 45.

En este caso, la Cámara espera la resolución donde conocerá si es suspendido de sus labores como juzgador o si es sujeto a medidas disciplinarias, luego de que el Juzgado Cuarto remitiera un informe de su situación jurídica.

REVISAR EL TRABAJO ES FUNDAMENTAL

De acuerdo con Samayoa, revisar continuamente el trabajo de las personas que imparten justicia es fundamental, pues es uno de los puntos más fuertes que puede tener la democracia de un país: “Tenemos que recordar que en los juristas descansa el avanzar o tener un estado de Derecho consolidado, en el sentido que ellos declaran el respeto a la ley”.

Además refirió la importancia de la implementación de controles externos al sistema judicial para poder evaluar la actuación de los jueces en el respeto a las normas.

“Sin embargo, no será una garantía del respeto al debido proceso y un equilibrio en el sistema, pero será una medida adecuada de auditoría sobre el trabajo judicial”, concluyó.

[PM1]PRIMERO, LA REDACCIÓN NO ESTÁ BIEN. SEGUNDO, LO AMONESTARON? ES QUE SI NO, SOLO TIRAMOS LA PEDRADA Y NO QUEDA EN NADA, PORQUE DE LAS 242 DENUNCIAS, CÓMO ESCOGIMOS ESTAS?
[PM2]AQUÍ SÍ HUBO AMONESTACIÓN, ENTONCES ESTAMOS BIEN.