Reconocer que aquellas personas que tienen algún nivel de limitación física o mental, ya sea por nacimiento o bien por haberla adquirido durante su vida, tienen un potencial y motivación increíble, no es más que identificar que todos los seres humanos somos iguales en condiciones y derechos, por lo que la discapacidad que sufren estas personas no impide su desarrollo en dignidad.
Durante años, las personas que por alguna razón u otra han nacido o adquirido una situación que los identifica como discapacitados, han trazado una lucha para alcanzar un reconocimiento mundial de su situación, haciendo evidente todo un proceso de sufrimiento por razones de impotencia y discriminación del que fueran (y aun a veces son) objeto. De esa cuenta, bajo el impulso de las entidades universales y regionales de derechos humanos, han provocado la discusión del tema y la inclusión de normativas especiales que identifican dos elementos importantes, los cuales hoy constituyen los pilares fundamentales para las personas con alguna discapacidad.
Primariamente, establecieron una igualdad de condición humana, reconociendo que no se puede, por el hecho de tener una capacidad especial (ceguera, sordera, enfermedad o deficiencia mental, o bien limitante física permanente) ser objeto de discriminación o trato inequitativo al resto de las personas, puesto que esto sin duda ofende la dignidad de estas personas, que seguramente buscan el respeto y la seriedad de cualquier otra persona. El segundo pilar fundamental, es hacer una consciencia social y pública de estas condiciones, no para tener un sentimiento a favor de ellos, sino para promover que se puedan dar condiciones mínimas y especiales que permitan desarrollar o no limitar las capacidades especiales de cada persona.
Esta última circunstancia se volvió famosa internacionalmente, al permitir una responsabilidad de los Estados en construir este proceso que velara, normativa y funcionalmente, y por ende, haciéndolo vulnerable a demandas judiciales por su incumplimiento, especialmente en países donde las leyes efectivamente se ejercen con toda su fuerza. Por ello, los distintos Estados, especialmente aquellos desarrollados, ejercen un mandato extraordinario para lograr que toda su población entienda y reconozca que las personas con discapacidad en realidad lo que tienen son capacidades especiales. Guatemala, en este sentido, está sumamente distante de lograr desarrollar esa cultura, al carecer de normativa efectiva, políticas públicas para su cumplimiento y una cultura poblacional que obligue al análisis de la sociedad sobre la importancia y necesidad de desarrollar una consciencia ciudadana al respecto.
Reconocer como sociedad y como Estado que aquellas personas que no cuentan con una capacidad física o mental plena, pueden aportar igualitariamente para su desarrollo, es uno de los grandes regalos para la humanidad, pero eso también conlleva una responsabilidad de permitirles alcanzar esas capacidades, mediante un trato justo, digno y adecuado para la condición de cada uno de ellos. Solo así mejoraremos los índices humanos de convivencia, algo que no le vendría nada mal a Guatemala en estos tiempos.