Rara vez se tienen que utilizar los espacios de opinión para elogiar alguna acción de los políticos, especialmente cuando ya están ejerciendo algún cargo público, porque la historia muestra demasiados casos en los que la acción de esos personajes no exige sino crítica y hasta severa condena. Sin embargo, hay que decir que una de las figuras más destacadas del escenario político nacional es la diputada Nineth Montenegro, quien se ha caracterizado por realizar un serio trabajo de fiscalización de las ejecuciones presupuestarias.
Pero ayer, como colofón de sus propias y muy profundas investigaciones de la forma en que se manejan los fondos públicos, acudió a la Corte de Constitucionalidad para accionar en contra de los fideicomisos que constituyen entidades del Estado y que se manejan como si provinieran de fondos privados, porque quedan fuera de la fiscalización y control que por mandato de la Constitución tiene que realizar la Contraloría de Cuentas de la Nación sobre todo lo que tiene que ver con los fondos públicos. Los fideicomisos son apenas objeto de alguna supervisión por la Superintendencia de Bancos porque se constituyen en los bancos del sistema, y la acción de la diputada Montenegro pretende que se declare inconstitucional toda norma que sustraiga esos fondos al ámbito del control y fiscalización.
Obviamente la Corte de Constitucionalidad en este caso no tiene mucho que analizar porque salta a la vista la inconstitucionalidad de cualquier mecanismo de gasto que impida la acción de la Contraloría de Cuentas. Pero además hay que señalar que en este caso la acción de inconstitucionalidad no debió ser interpuesta por una diputada al Congreso sino hace muchos años por los que han sido electos para dirigir la Contraloría de Cuentas y todos, hasta el presente, se han hecho los ciegos y sordos a la hora de cumplir con su obligación constitucional de auditar hasta el último centavo del erario.
Por supuesto que es más cómodo decir que no se puede, que ni los bancos ni las entidades extranjeras dejan que se hagan auditorías, puesto que con ello se lavan las manos de fiscalizar un tercio del monto total del Presupuesto General de la Nación. Pero la diputada Montenegro puso la pica en Flandes y la verdad es que merece un elogio de la sociedad guatemalteca porque está haciendo algo trascendente en la lucha contra uno de los peores flagelos del país como es la corrupción. Reconocer su mérito es indispensable para incentivar a otros políticos y especialmente a otros diputados a cumplir con su deber. Ojalá que la Corte de Constitucionalidad no se tome todo el tiempo del mundo para resolver algo tan claro y evidente, puesto que urge que se audite con propiedad el manejo del dinero del pueblo.