El Congreso siempre ha estado bajo la lupa de la ciudadanía por los constantes escándalos de compra de voluntades y negocios dudosos, principalmente a través del listado geográfico de obras. No es ningún secreto que algunos parlamentarios consiguen una posición económica privilegiada, que despierta dudas sobre si el origen de su riqueza es resultado de su trabajo o de acciones fraudulentas.

Convertirse en diputado parece ser una alternativa que muchos, con algunas honrosas excepciones, utilizan para cambiar de estatus social; es un secreto a voces que el cobro por votaciones, la asignación de obras a empresas cercanas y la presión política son solo algunos de los mecanismos parlamentarios que utilizan para crear fortunas.

Aunque los señalamientos son recurrentes en cada legislatura, casi ningún caso de enriquecimiento ilícito en el Parlamento ha trascendido al plano legal y es por eso que cobra mayor relevancia la recién aprobada Ley Contra la Corrupción.

“Algunos entran con carritos sencillos y salen con camionetas tipo agrícola. Resultan con guardaespaldas y todo”, señala uno de los trabajadores del Congreso, quien habló con la condición del anonimato. Por ello, no sorprende la afirmación de que para algunos “ser diputado es como ganarse la lotería”.

El cargo les permite contar con un salario mensual –equivalente a once salarios mínimos– y varias prebendas: oficina, personal, celular y en algunos casos, vehículos; estos son algunos de los beneficios que se obtienen al convertirse en “padres de la patria”. Esto no es nada si se compara con los negocios que intentan impulsar detrás de la curul. Además, existen muchas comisiones que terminan siendo atractivas, tal como Finanzas y Energía y Minas, por citar dos ejemplos. Existen denuncias ciudadanas de diputados que han cabildeado a favor del otorgamiento de contratos y/o concesiones, por ejemplo.
El año pasado, trascendió que el diputado Juan Manuel Giordano intentó aprovecharse de su cargo al ofrecer a los alcaldes paneles solares elaborados por una empresa afín a su excuñado. Señalamiento que rechazó rotundamente, explicando que no buscaba sacar ventaja. Sin embargo, este episodio despierta sospechas sobre los negocios que pueden impulsar los congresistas.

En marzo de 2012, La Hora  publicó el caso del diputado Edgar Romeo Cristiani Calderón, vinculado con la empresa Cleanomatic, S. A., que obtuvo adjudicaciones millonarias en el Ministerio de Relaciones Exteriores y quien según una fuente que pidió omitir su nombre, “se disputa el negocio con otro exdiputado del oficialismo que ahora es Ministro”.

Varios funcionarios y exfuncionarios han estado bajo la lupa por supuestos indicios de enriquecimiento ilícito. Uno de los casos sonados el año pasado fue el antejuicio promovido por la diputada Delia Back contra la vicepresidenta Roxana Baldetti, a quien señaló de enriquecerse desmedidamente cuando era representante en el Legislativo.

En esa ocasión la legisladora de oposición señaló las múltiples adquisiciones de la funcionaria. “Tiene caballos de raza, tiene dos casas, ella compró casa en el puerto, y es una casa que no hubiéramos podido comprar con el salario como diputados”, declaró Back, en noviembre pasado.

Aunque la acción no prosperó, los detractores de Baldetti siempre han señalado dudas sobre su creciente fortuna argumentando que no proviene de una familia  adinerada y que no es posible adquirir las residencias que tiene con el salario que tuvo de diputada y ahora como Vicepresidenta.

Al consultarle a la funcionaria sobre las críticas hacia su creciente fortuna señaló “lo que tengo ha sido producto de mi esfuerzo. Soy una mujer de trabajo y desde muy joven he buscado la forma de ganarme la vida honradamente”.

“He trabajado siempre y creo que todos trabajamos para poder superarnos, así que no ha sido por la política que he conseguido salir adelante, sino que como muchas mujeres he puesto mi mejor esfuerzo a través de mis capacidades”, respondió a La Hora, por medio de un correo electrónico.

Las mismas críticas han rodeado a la figura de Manuel Baldizón, del partido Libertad Democrática Renovada, quien tuvo una curul en el Congreso y fue presidente de la Comisión de Finanzas en los primeros años del Gobierno de Álvaro Colom. Aunque se intentó conocer su opinión, no respondió las llamadas a su celular.

VIDA PRIVILEGIADA
No hay duda que el trabajo de diputados despierta más de alguna envidia en el resto de la población. Tienen horarios de trabajo favorables, personal a su cargo, alimentación, celulares, computadoras, oficinas y salarios de Q29,150, que en el caso de los directivos aumenta de Q5 mil  a Q10 mil, cifra que contrasta con los Q2,171 de salario mínimo vigente.

Si bien, esos privilegios los poseen los 158 diputados, algunos no dudan en aprovechar su curul para sacar mayores beneficios.

“Hay quienes llegan a hacer un asalto al presupuesto nacional. Yo fui diputado. Yo puedo decir que no hay ninguna duda de que eso existe; hay jefes de bancada, directivos del Congreso, hay diputados rasos y no todos meten la uña con la misma intensidad, todos lo sabemos, los periodistas lo dicen; de repente uno se entera que hay políticos que aparecen con casas, carros”, explicó el exdiputado Aníbal García.

El político espera que las denuncias empiecen a florecer con la aplicación de la Ley Penal contra el Enriquecimiento Ilícito. En cuanto a los mecanismos para sacar ventaja, recuerda que el presupuesto es el mayor botín.

“No hay duda que en la aprobación del presupuesto hay un reparto de obras, en todo el sistema, consejos, municipalidades, fondos, en donde siempre va a ver un tráfico de influencias que va a favorecer a empresas  vinculadas con algunos diputados; el tema fundamental es el presupuesto. Hay casos donde se aprueban proyectos grandes como la transversal del norte, donde se adecúan los contratos a los intereses de la empresa y persiguen una mordida”, detalló el excongresista.

La misma Vicepresidenta reconoció a La Hora que las curules son minas de oro. “El Presidente ya denunció cómo algunos diputados se están vendiendo al mejor postor para ensanchar bancadas. Lamentablemente para algunos, ostentar una curul es sinónimo de una mina de oro, de una fuente de ingresos fraudulenta. Son malos guatemaltecos que no representan a la población que los eligió. No merecen estar en un organismo donde se definen aspectos que atañen a la vida de cientos de guatemaltecos, en todos los rincones. Creo que la sociedad debe empoderarse, señalarlos y denunciarlos para que eso no siga sucediendo”, señaló la funcionaria.

Estos señalamientos no son compartidos por Baudilio Hichos, quien ha sido diputado por siete períodos y señala que muchos logran bonanza económica fruto de su esfuerzo como empresarios. En su caso, señala que ha sido diputado por más de 24 años porque le gusta servir a su país y niega que la curul sea una fuente de riqueza.

“Yo no comparto esa opinión. Mi pueblo, Chiquimula, es testigo de cómo he manejado  la situación de mis reelecciones. El que tiene vocación de servicio que entre a la política partidaria. Yo no he venido a hacer dinero sino vengo a servir al pueblo, por eso he logrado mis siete legislaturas”, declaró el congresista, quien recientemente se sumó a las filas del Partido Lider.

Hichos reconoce que no vive de su salario de legislador y que su familia se dedica a la agricultura y la ganadería: “Somos dedicados a la compra y venta de ganado bovino, en el tema de agricultura éramos los mayores productores de manía en Chiquimula”, señaló.

Aunque muchos son los señalamientos pocas son las denuncias, los entrevistados esperan  que la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito se convierta en una herramienta que frene estas malas prácticas que solo terminan perjudicando la democracia.