Empiezan a salir las listas de los acreedores de la llamada deuda flotante que se constituyó porque funcionarios adjudicaron contratos sin disponer de los recursos para ejecutar las obras a lo largo de muchos gobiernos, lo que de por sí constituye un delito que debe investigar el Ministerio Público. Hemos sostenido que se trata de una deuda inmoral por su espurio origen y que por lo tanto cada acreedor tiene que estar sujeto a las más serias y profundas investigaciones porque es la única manera de ponerle coto a ese despilfarro que se hace en todos los gobiernos con acciones no sólo ilegales sino abiertamente corruptas.

El problema, sin embargo, está en que no disponemos de instrumentos idóneos para la verificación y fiscalización porque está visto que la Contraloría de Cuentas es una institución incompetente que no puede cumplir con las obligaciones que la Constitución le establece y que lejos de ser un instrumento contra la corrupción, termina siendo responsable de apañar los más descarados y burdos negocios. A ello se suma que el Ministerio Público, reconocido local e internacionalmente por avances en temas como los derechos humanos, sea una vergüenza en el campo de la lucha contra la corrupción, lo que hace pensar que existe algún tipo de acuerdo para que ni el gobierno de Colom ni el de Pérez Molina sean objeto de las investigaciones pertinentes.
 
 Hay que decir que el Ministerio Público ha tenido avances importantes también en temas como los delitos cometidos por los banqueros que se robaron el dinero de sus clientes, al punto de que tiene sólidos casos contra los socios de Bancafé y también del Banco de Comercio, lo que demuestra que hay capacidad de investigación en el tema de delitos económicos. Pues esa experiencia y capacidad brilla por su ausencia cuando se trata de los negocios en los que debiera estar investigando, como el de Puerto Quetzal para citar un ejemplo, y ahora con el manejo de esos tres mil quinientos millones de quetzales que se presentan como una deuda flotante. Técnicamente no es deuda flotante, pero sin duda le han bautizado así por aquello de que en el agua la porquería flota.
 
 El impacto que tiene una erogación de ese calibre en el déficit fiscal puede comprometer la calificación de riesgo país de Guatemala porque supera con creces el límite aceptable. Pero más que esa consideración, lo que hay que ver es que se trata de una deuda contraída asquerosa y que por lo tanto ni un centavo se debe pagar sin que antes haya una investigación seria, profunda y debidamente explicada al público.

Minutero:
¿Dónde está la fiscalía 
ante esa deuda flotante? 
Que ahora muestre talante 
y le dé vuelta a la tortilla