El departamento de San Marcos ha sido un punto de enfrentamiento entre pobladores y las empresas de distribución eléctrica, donde quedó un estado de prevención que no fue suficiente para revolver el conflicto y una deuda de 80 millones de quetzales de la que todaví­a no se recupera nada.

Las causas que originaron la emisión del Decreto de Prevención en por lo menos ocho municipios de San Marcos, aún persisten, y de acuerdo con el Decreto Gubernativo publicado ayer en el diario oficial, personas inescrupulosas se arrogan facultades que no les corresponden, al realizar actos vandálicos que van en menoscabo de los intereses de la población.

Los 80 millones son la deuda que los pobladores tienen hacia las distribuidoras de energí­a eléctrica y según éstas lo que hicieron primero fue darle una respuesta a la población para que tengan sus servicios, luego el cobro de la energí­a que están surtiendo ahora es lo que están comenzando a efectuar.

Aldo Garcí­a Morales, gerente general de Deocsa-Deorsa, afirma que falta ver que la población se acerque a firmar sus convenios de pago. «De todo el dinero que nos deben, no hemos recuperado absolutamente nada y se sigue manteniendo la misma cantidad de deuda, en parte porque nosotros no le hemos informado a la totalidad de cuánto debe cada quien, porque lo primero es que tengan su servicio».

Según Garcí­a, no se puede esperar que se haga en términos de un mes, porque la población tiene que saber cuánto se le está cobrando y si no están conformes tienen el derecho a decirlo para que puedan ir a las casas y verificar la lectura del medidor, comenta, mientras explica el proceso de pago para el reconocimiento de la deuda.

Para poder hacer los contratos de pago con la población se pueden tardar hasta cuatro meses y lo que se espera es que con la intención de dar primero el servicio, los pobladores comiencen a hacerse cargo de la deuda del servicio que se les prestó el año pasado.

Si la persona no cancela, se le cortará el servicio eléctrico, pero la relación para hacer el pago que se autorizó es: que una persona que debe 6 meses, tendrá 18 meses para pagar y los que deben un año tienen tres años para pagar y está sin intereses, porque aseguran las distribuidoras que lo que quieren es recuperar el monto sin incorporarles nada extra.

ESTADO DE PREVENCIí“N

La prórroga del Estado de Prevención será por quince dí­as más, porque según la publicación en el diario oficial, los problemas que se originaron continúan; aunque, el gerente general de las distribuidoras comenta que les hubiese gustado que fuera por un mes y medio, porque hasta ahora lo que han hecho es normalizar los servicios.

En Malacatán se han normalizado cuatro mil servicios y 1,300 facturas se han entregado con los nuevos valores para formalizar los acuerdos a plazos; mientras en el área de San Pablo todo el casco urbano está completo con 1,397 clientes pero falta el área rural; en Ocós 1,800 servicios ya fueron normalizados y en San José el Rodeo han comenzado los trabajos.

A todas las comunidades les tienen que entregar la nueva factura de energí­a eléctrica, donde deberá ir el consumo del mes de noviembre, como la deuda que tení­an anteriormente para que puedan pasar a las oficinas y suscribir el convenio que corresponde.

En el área rural hay unos grupos que están inconformes; sin embargo, se les habló porque se han implementando oficinas móviles con el permiso del Gobernador y hay gente que se conectó directo, y ahora han llegado a las oficinas de .las empresas a decir que quieren regularizar el servicio porque quieren estar dentro de la ley para que les conecten el servicio.

El servicio está mejorando, salvo las pequeñas interrupciones, a pesar de todo el daño que habí­a en la red, y en las cuadrillas de mantenimiento la prioridad era restablecer todas las lí­neas de conducción de energí­a eléctrica, pero todaví­a hay transformadores que fueron sobrecargados por esa falta de control y hay que sectorizar para hacer ampliaciones de capacidad, lo cual llevará más tiempo.

«Es muy difí­cil en un mes no solo tomar el control y reactivarlo, sino también hacer todo el trabajo que se dejó de hacer en un año» señala Garcí­a y si el Gobierno toma la decisión de extender aún más el plazo beneficiarí­a a las empresas porque nos permitirá hacer más rápido la reposición de todo lo esperado.

El próximo 13 de enero se llevará a cabo una reunión para presentar los avances y quedará a discreción del Estado dejar solamente la segunda ampliación de la prevención o bien dejar lo establecido.

En la reunión se cree que estarán presentes el Secretario Ejecutivo de la Presidencia, el Ministro de Energí­a y Minas, representantes de Unión Fenosa, Deocsa-Deorsa y ante todo los alcaldes, porque ellos se comprometieron a firmar sus contratos de reconocimiento de deuda y a la fecha no lo han hecho.