Aparte de la cuestión ideológica, que por supuesto tiene mucho peso e importancia a pesar de que la gente piensa que ya pasó el tiempo de las ideologías, el tema de Petrocaribe ha despertado oposición por la desconfianza de la población en cuanto a la posibilidad de que se haga un manejo honesto de los recursos. Recurrente es la mención de los altos niveles de corrupción que hay en Guatemala y hasta los que se oponen porque la iniciativa es vista como un proyecto de Chávez, señalan el temor de que se incremente la corrupción con la afluencia de fondos.
Desafortunadamente no hemos avanzado en la implementación de mecanismos de probidad. Luego de la intensa campaña contra la corrupción que se dio en contra del gobierno de Alfonso Portillo, La Hora insistió entonces en que no bastaba con sacar a los portillistas del poder, sino que debía aprovecharse la conciencia ciudadana para impulsar draconianas reformas legales tanto para sancionar a los corruptos, como para implementar mecanismos de control y verificación adecuados.
Lamentablemente todos se conformaron con el espejismo de que habían electo a un gobierno «honrado» y en vez de promover los cambios necesarios, se trató de minimizar cualquier acto de corrupción para mantener un artificial contraste entre los que se fueron y los que llegaron. Hoy vemos que la población está convencida de que el sistema alienta la corrupción y que cualquiera que llegue hará las mismas maniobras que sus predecesores para enriquecerse en el ejercicio del poder.
Petrocaribe ha despertado enormes dudas, pero más que eso, demuestra que no existen en Guatemala mecanismos confiables de control y fiscalización por lo que en verdad, y sin querer espantar a nadie con el petate del muerto, hay que entender que el arca está abierta para que cualquiera pueda hacer micos y pericos. Fue una irresponsabilidad de quienes promovieron la campaña contra la corrupción específicamente en el caso Portillo porque ese gobernante no les caía bien, no poner candados para que nadie, de la corriente que fuera, pudiera volver a usar los fondos públicos para su beneficio.
La Contraloría de Cuentas es una entidad castrada deliberadamente para que no pueda controlar nada; el Ministerio Público jamás va a perseguir más que si tiene intereses políticos; la prensa ha mostrado ser demasiado selectiva en su función de pesos y contrapesos; en el Congreso se estira la chamarra para que todos se tapen y, por último, la sociedad en su conjunto no pasa de la denuncia y de expresar su frustración, pero sin hacer nada para que las cosas cambien en verdad.
Tal y como están las cosas, si no se roban millones tras un negocio como el de Petrocaribe sería sólo porque estamos gobernados por querubines angelicales. Y todos sabemos que eso no es cierto.