La Procuraduría General de la Nación registra 35 alertas activas de Chimaltenango por la desaparición de niñas, niños y adolescentes, de entre 6 meses y 17 años de edad. El Ministerio de Gobernación cataloga a ese departamento de “alto riesgo” por la presencia del crimen organizado y las pandillas, mientras que los vecinos temen involucrarse con la situación y arriesgarse por hablar referente a los casos.

Odalys Marie Noemí Sulecio Moreno, de 16 años, desapareció el pasado 3 de agosto a pocas cuadras de su vivienda, ubicada en la 2ª. avenida y 2ª. calle de la zona 2 del municipio de El Tejar, en Chimaltenango.

Ese día salió de su casa para comprar en una tienda cercana, pero nunca regresó, cuentan los vecinos y allegados a la familia. Las autoridades no saben con exactitud cómo ocurrieron los hechos ese viernes y tampoco se conoce en dónde se encuentra ahora la adolescente.

Lo único de lo que se tiene certeza es que los residentes del sector temen involucrarse y hablar con los medios de comunicación en relación a este y a los otros casos de desaparición de menores ocurridos en El Tejar; los pobladores estiman que son siete los desaparecidos, pero las autoridades aseguran que son tres.

En todo el departamento se contabilizan 35, oficialmente desapariciones de menores, según la Procuraduría General de la Nación (PGN).

En ese municipio se instalaron recientemente varias cámaras de seguridad, sin embargo, al solicitar la ayuda de las autoridades locales para recabar evidencias de las desapariciones, indicaron que el sistema de vigilancia no funcionaba y difícilmente podían aportar detalles para investigar el paradero de las víctimas, informaron los residentes.

Mientras tanto, los familiares y amigos de las niñas, niños y jóvenes desaparecidos viven sumidos en una profunda angustia, pero mantienen la esperanza de saber qué fue lo que sucedió y rencontrarse con los menores.

Fuentes allegadas a Odalys relatan que la adolescente siempre buscaba permanecer con el cuidado y la compañía de sus padres, quienes estaban dispuestos a protegerla; rara vez salía sola de su casa, debido a que desde tiempo atrás en la comunidad se habla discretamente y con temor sobre las desapariciones de menores. Nunca se concibió la idea que a escasas cuadras de donde vivía, la adolescente fuera víctima de un rapto o secuestro.

Según los relatos de la localidad, la familia Sulecio Moreno buscó todos los recursos a su alcance para localizar a la joven; solicitaron ayuda de la comuna, realizaron trámites para que se emitiera la Alerta Alba-Keneth -para buscar a menores desaparecidos- y pidieron el involucramiento de los vecinos en las tareas de búsqueda.

Pese a los insistentes esfuerzos, hasta hoy los resultados son infructuosos. Lo extraño de este caso es que ahora la familia se mantiene en silencio y los habitantes poco saben por qué cambió su actitud.

De acuerdo con la PGN, hasta el 30 de agosto continúan activas 35 alertas Alba- Keneth, de estas 20 son de mujeres y 15 de hombres. Un total de 49 alertas han sido activadas de enero a agosto en Chimaltenango, pero 14 fueron desactivadas por la recuperación de las y los niños.

Las familias de las víctimas, en su mayoría, evitan hablar de los casos y las autoridades, por otra parte, mantienen bajo reserva la información de las investigaciones.

“INSTALAMOS 32 CÁMARAS”

La Hora se comunicó con fuentes de Chimaltenango -cabecera del departamento con el mismo nombre- y de El Tejar, para conocer el trabajo que realizan las autoridades en la búsqueda de los menores desparecidos.

En la cabecera departamental se intentó contactar al jefe edil, Alfonso Elel Castro, pero el número de teléfono registrado de la comuna le pertenece a la oficina de correos; ahí se indicó que la Municipalidad de Chimaltenango carece de servicio telefónico, al parecer, por retrasos en el pago de la factura.

Este vespertino intentó obtener el número telefónico con la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), pero se confirmó que en esa comuna no había servicio telefónico y no se facilita el contacto con el Consejo Municipal por otra vía.

En El Tejar se consiguió establecer comunicación con el alcalde Manolo Méndez, quien explicó que desde el 24 de agosto se empezó a trabajar en la instalación de las cámaras de vigilancia, por lo que no se tienen registros de las desapariciones. No obstante, aseguró que coordinan el trabajo de búsqueda de los menores con las autoridades para su localización y trabajan en la prevención de nuevos casos.

“Hace exactamente ocho días estamos ya con este trabajo. Lamentablemente, es cierto que ya estaban instaladas las cámaras, pero el proyecto no se había recepcionado; nosotros no podíamos tener acceso, aunque aparentemente hubiera una cámara allí, ya que estaban haciendo los últimos trabajos para poder perfeccionar el funcionamiento de las cámaras”, indicó Méndez.

Por otra parte, el funcionario negó que sean siete los menores desaparecidos en la localidad; según Méndez, únicamente se han documentado tres casos.

“No descartamos que la parte opositora se esté aprovechando políticamente de este momento, para que desinforme a la población y que haya un caos, haciendo ver que nosotros somos los responsables, o porque nosotros no estamos cumpliendo con nuestra función municipal”, indicó.

No obstante, admitió que existe información de personas que han ingresado a las escuelas públicas locales, presuntamente con el fin de secuestrar estudiantes, y por ello ha coordinado con el director Departamental de Educación restringir el ingreso a los centros educativos.

Méndez dice que además de la videovigilancia, hay 170 lámparas de iluminación en las calles y se coordinan con la Policía Nacional Civil (PNC) y la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para efectuar las acciones pertinentes de control y protección para las niñas, niños y adolescentes de El Tejar.

Leonel Dubón, director del Refugio de la Niñez, se pronunció sobre la problemática en ese departamento e instó a las autoridades locales y de todo el país para procurar el bienestar y protección de la niñez.

“Hay dos elementos muy importantes, hay que recordarle al alcalde de Chimaltenango y a todos los alcaldes del país que el sistema de protección no es solo responsabilidad del Gobierno Central; los sistemas locales de protección precisamente son impulsados por las municipalidades y es donde la ley de protección integral da vida a una figura que son las oficinas de protección de la niñez. Los alcaldes tienen una responsabilidad muy fuerte en cuanto que también deben velar por la protección de la niñez en sus comunidades, a través del Consejo de Desarrollo, no se pueden eximir de responsabilidad”, indicó.

El activista indicó que también la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) debe velar porque la municipalidad cuente con una estructura de protección a la niñez.

INCURSIÓN DEL CRIMEN

De acuerdo con el “Informe de situación sobre trata de personas en Guatemala 2011”, presentado a inicios de este año por la Oficina de la PDH, Chimaltenango, entre otros departamentos, ha sido identificado como un departamento con problemas de seguridad pública, debido a la incursión del crimen organizado y por formar parte del corredor migratorio.

El viceministro de Seguridad, Julio Rivera Clavería, admite que el departamento es considerado de “alto riesgo” por la incidencia criminal, y especialmente por la trata de personas. “Es un departamento de alto riesgo, como todos los departamentos en donde tenemos este tipo de problemas, pero acá comienza con las extorsiones, pasando por el sicariato y con el tema de la trata de personas o desapariciones de menores”, señala.

“En muchos de los casos las maras también reclutan niñas menores y jóvenes, que conviven con estos delincuentes y los padres ponen las denuncias. Hay trata de personas no lo vamos a negar”, indica Rivera Clavería.

Según el Viceministro, aunque existen casos en los que supuestamente las jóvenes conviven con pandilleros por su propia “voluntad”, también hay otros en los que algunas son forzadas a convivir con los grupos de gavillas y cometer delitos.

El funcionario afirma que hace dos meses se empezó a reestructurar la Unidad contra la Trata de Personas del Ministerio de Gobernación y en conjunto con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), adscrita a la Vicepresidencia de la República, se integran a la Fuerza de Tarea; ahora, con el recurso humano y la capacitación de los investigadores se esperan resultados positivos.

A decir del funcionario, ya se coordinan acciones necesarias para perseguir el delito de la trata de personas en Chimaltenango.

LA RUTA DE LAS VÍCTIMAS

El Mingob indicó que cuando las víctimas son utilizadas en la trata de personas siguen dos rutas: hacia México o la Capital.

“En algunos casos son trasladas por el vecino país de México, en otros casos traídas a la capital para la explotación. La trata de personas se puede dividir de dos formas, para el negocio interno e internacional, que sale fuera de los límites fronterizos que pueden estar en El Salvador, Honduras, México o en otro país, porque básicamente ese es el trabajo de las redes”, refiere Rivera Clavería

El funcionario dice que con apoyo de las autoridades mexicanas han logrado localizar a algunas jovencitas víctimas de trata, aunque también las han rescatado mientras las transportan a sus destinos, indica.

Por aparte, el director de El Refugio de la Niñez explica que, por la ubicación geográfica, Chimaltenango es un paso importante hacia la frontera de México; a través de Tapachula, todas las rutas de paso se convierten en zonas rojas.

“En Chimaltenango las niñas no son necesariamente explotadas allí, muchas de ellas desaparecen para explotarlas en la capital, o son llevadas a lugares lejanos. El departamento reúne características geográficas al igual que todo el país que son propicias para el crimen organizado”, indica el entrevistado.

Dubón refiere que la vulnerabilidad de las fronteras convierte a la ruta Interamericana en un paso de diversos ilícitos, que van desde el tráfico de personas hasta la circulación de armas.

“Hay una frontera muy vulnerable, poco segura entre Guatemala y México, donde para el Norte circulan seres humanos y droga y para el Sur circulan armas, aquí hay un tráfico importante y Chimaltenango es la ruta Interamericana, una de las más importantes, resaltó.

La organización Save the Children, ha elaborado varios mapas, que identifican los lugares donde se origina la captación, el traslado y el destino de las víctimas.  Guatemala, al igual que varios países de Centroamérica sufre los flagelos de la explotación sexual, laboral y turismo sexual.

Chimaltenango está ubicado en el área geográfica como de “alto riesgo”, para trasladar a las y los menores de edad hacia la frontera de México.