Esta semana, el ministro de Gobernación, Carlos Vielmann reiteró la determinación de proseguir con los planes para lograr la depuración de las filas de la Policía Nacional Civil, PNC, al tiempo que se quejaba de la falta de respaldo de algunas instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil.
De acuerdo con versiones periodísticas, el titular de la Cartera del Interior en tono molesto arremetió en contra de algunos jueces que han ordenado la reinstalación de agentes señalados de tener responsabilidad en delitos contra la vida humana, actos de corrupción y robo de vehículos.
Actualmente más de seiscientos agentes de la PNC son investigados por la Fiscalía de Delitos Administrativos luego de recibir denuncias por diversos hechos ilegales como abuso de autoridad, cohecho, incumplimiento de deberes, coacción y corrupción. Las investigaciones van dirigidas a comisarios, subcomisarios y agentes.
Sin lugar a dudas, el tema de depuración es un desafío de gran magnitud, pues se trata de un fenómeno crónico cuyo origen principal radica en el reciclaje de agentes de la antigua Policía con la nueva PNC creada como consecuencia de los compromisos derivados de los Acuerdos de Paz. En este caso ocurrió lo que pasa cuando las manzanas podridas se revuelven con las manzanas sanas.
Para contar con el apoyo de la población, el Ministro debe atender y valorar las denuncias que los ciudadanos formulan diariamente a través de los medios de comunicación sobre los continuos excesos y abusos de autoridad por parte de los agentes policíacos.
Ahora mismo con los retenes del operativo de seguridad en la víspera de las fiestas de Navidad ha resurgido el debate sobre el temor que los ciudadanos experimentan frente a la Policía. Desdichadamente, esos retenes no sólo son inútiles, sino que se convierten en una peligrosa fuente de corrupción.
La semana pasada hubo un retén en la 7ª. calle final zona uno, en el empalme con el puente de Jardines de la Asunción. Allí algunos agentes estuvieron incurriendo en excesos en contra de los automovilistas.
Los agentes marcaban el alto pidiendo la licencia de conducir y la tarjeta de circulación de los vehículos. Algunos conductores tenían fotocopia autenticada de la tarjeta de circulación, pero los policías trataron de restar valor a esos documentos con el planteamiento que los mismos tenían fecha del año pasado. Su argumento era que las auténticas debían ser del presente año 2006.
De conformidad con el artículo 10 del Reglamento de la Ley de Tránsito, todo vehículo para circular en las vías públicas del territorio nacional, debe poseer tarjeta de circulación o fotocopia autenticada de la misma, además de portar las placas y las calcomanías de circulación vigentes. Si la auténtica notarial corresponde a una tarjeta vigente, la misma tiene plena validez y debe ser respetada por todas las autoridades. Los agentes de policía no tienen ninguna facultad para inventar nuevos requisitos y si lo hacen probablemente es por ignorancia o para obtener alguna ventaja económica vía las famosas mordidas que es uno de los viejos vicios que siguen minando los cimientos de la Policía.