El domingo, en un acto nocturno, se allanó -antes de las 6:00 horas- la residencia del presidente de Honduras, Manuel Zelaya por miembros del Ejército de ese paí­s, quienes penetraron en el dormitorio del Presidente encapuchados, uniformados y con fusiles de asalto, capturándolo sin permitirle comunicación, ni siquiera vestirse, trasladándolo a la Fuerza Aérea, conminándolo a subir a un avión y llevándolo a la República de Costa Rica donde fue abandonado.

 

El argumento de este rompimiento constitucional es que el presidente Zelaya irrespetó las leyes. Si eso fuera cierto, no serí­a motivo para haber actuado y procedido de semejante manera, tendrí­a que habérsele sometido a un antejuicio (el cual no está establecido en la Constitución de Honduras por haberse derogado dicha disposición en el año 2003, por el decreto 157 que modificó las atribuciones del Congreso contenidas en el artí­culo 205)

 

En todo caso, de conformidad con las leyes hondureñas y universalmente aceptadas, el presidente Zelaya es inocente de cualquier violación que se le atribuyera hasta que no hubiera sido citado, oí­do y vencido en juicio.

 

El Congreso de Honduras sí­ violó la Constitución al no tener facultades para deponer o sustituir al presidente, hacerlo en base a una carta de renuncia (que el presidente Zelaya niega haber suscrito) requerí­a como mí­nimo haber pedido la ratificación de la misma. No puede pretenderse que una persona pueda ejercer libremente su voluntad, ante la agresión de 200 miembros del ejército, fuertemente armados, que lo acosan a las 5:30, en su dormitorio.

 

Si el Presidente estaba o no legalmente facultado para realizar una encuesta o consulta no vinculante sobre la posibilidad de colocar una cuarta urna en las elecciones generales en noviembre, para que los electores expresaran si se debí­a o no convocar a una constituyente, no es motivo o justificación del golpe de Estado realizado.

 

Qué penoso, qué triste es que existan guatemaltecos que vacilen en condenar un atentado contra la democracia, que justifiquen su opinión argumentando «porque la población se vio forzada a tomar medidas que están fuera del Estado de Derecho» o expresar «hay que aclarar cómo sucedieron los hechos» o más delicado aún «el presidente Zelaya estaba cometiendo un delito, no acató las disposiciones legales y siguió con sus acciones». Expresiones como esas deben de preocuparnos, la democracia, el Estado de Derecho deben ser absolutamente respetados, tampoco es justificable argumentar «la destitución del presidente Zelaya fue por unanimidad de votos en el Legislativo».

 

Determinante y reconfortante es la categórica actitud de la OEA, de la Unión Europea, de los presidentes de América Latina, de Naciones Unidas y hasta la del presidente norteamericano que fue el menos categórico.  Todos debemos de requerir local e internacionalmente una actitud enérgica en defensa de la democracia.