Hitler y sus cómplices asaltaron el poder dentro de la legalidad electoral de un orden democrático que destruyeron por dentro, a la par de desintegrar los valores republicanos que definen al Estado de Derecho. Es innegable que el carácter genocida del régimen nazi se afianzó debido al considerable apoyo electoral del pueblo alemán.

Los comicios libres y competitivos no son suficientes para garantizar o siquiera definir los complejos requerimientos institucionales para el desarrollo y mantenimiento de un Estado de Derecho. Si esta valoración la trasladamos a Guatemala, encontraremos la paradoja que Efraí­n Rí­os Montt, acusado del crimen de los crí­menes, el genocidio, durante su régimen de facto, ha ocupado y ostenta posiciones de privilegio en un sistema republicano y democrático.

Para que un gobierno merezca el apelativo de democrático no es suficiente que surja de elecciones libres sino que debe respetar, hacer respetar y extender una serie de principios republicanos elementales, entre ellos, la estricta división e independencia de los poderes. Además, el derecho de informar y ser informado no debe responder a las conveniencias de los dueños del capital, que nos saturan con su versión tergiversada de la historia. De otro modo, continuará la fragilidad de las instituciones puestas al servicio de los poderes fácticos.

La referencia al régimen nazi de Adolf Hitler sirve para afirmar que, si bien la democracia continúa como el mejor camino para el recambio de administraciones polí­ticas, por medio de los votos, este último componente pierde significado cuando la cooptación, el clientelismo y la compra de voluntades logra que los cambios en el gobierno sean más aparentes que reales y se convierten en una fachada tras la cual se oculta la concentración del poder de un grupo determinado.