En Guatemala podemos decir en forma de eufemismo que la sociedad tiene entre sus grupos económicos a los “solventes y los insolventesâ€, los primeros sin duda alguna, fueron bendecidos por Dios o están en vías de serlo gracias a una tarjeta de crédito.
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Mientras que los segundos están obligados a pagar por sus “pecados†en el infierno de la no existencia; pues tienen como prioridad sobrevivir y no les interesa participar en los comicios o la vida pública; siendo condenados a sumarse a las movilizaciones políticas a cambio de panes y esperanzas.
En esta época electoral, NINGUNO de los candidatos ha promovido la idea de restablecer la hegemonía institucional del Estado; ¿será porque a sus patrones no les interesa y ellos, los candidatos aunque sean millonarios están al servicio de todo el engranaje productivo de la oligarquía?
La deconstrucción de la institución jurídica del ENRIQUECIMIENTO ILíCITO estuvo a cargo de los diputados del PAN durante el gobierno del señor ílvaro Arzú; la vox pópuli indica que fue como el prolegómeno para iniciar las privatizaciones, abanderada por uno de los ahora candidatos a la Alcaldía municipal de ciudad Guatemala; Y HASTA LA FECHA DE HOY, las diferentes legislaturas han utilizado la ausencia de tal norma para cobijar los múltiples hueveos al erario nacional.
La palabra INSTITUCIí“N deriva de INSTITUTO que a su vez significa la reunión de varias personas para desarrollar un programa o actividad destinada al beneficio social. Como ejemplo cito al IGSS, al Instituto de la Defensa Pública Penal, a la Corte de Constitucionalidad y al Tribunal Supremo Electoral; instituciones que tienen como fin específico el desarrollo de su trabajo en beneficio social; SIN EMBARGO… todos sabemos que tales instituciones son utilizadas como botín político, como ente defensor de personas sin recursos económicos, aplicación de la ley en el sentido estricto y la salvaguarda de la ley en materia eleccionaria.
La deconstrucción de las instituciones del Estado, se gestó históricamente desde el seno de la oligarquía nacional, la cual por medio de sus testaferros políticos ha dirigido la economía del país; y cuando les conviene suprimen o crean las instituciones estatales para la consecución de sus intereses.
Es necesario que los candidatos presidenciales y a las diputaciones, se pronuncien respecto del tema de la revitalización o revalorización de las instituciones administrativas del Estado y algunas de carácter jurídico, devolviéndoles su autoridad administrativa, judicial y ejecutiva en el contexto de la actividad estatal, por medio de la designación de personas probas, decentes y técnicas que sepan qué es lo que van ir a hacer a las dependencias a donde sean nombrados y/o contratados por el Gobierno.
Talvez algún candidato lea estos artículos y comente al respecto, porque el pueblo quiere escuchar propuestas y no solo ofrecimientos vanos.