La explicación oficial, en el sentido de que el decreto que reactiva el indulto tiene vicios de inconstitucionalidad, obligará al Congreso a que haga una consulta a la Corte de Constitucionalidad antes de volver a someter el decreto y, en todo caso, deja abierta la posibilidad de enmendar los errores y redactar un nuevo decreto que no contenga tales vicios. Creo, por ello, que si la decisión del Presidente fue porque considera impropio el procedimiento y porque no cree en la pena de muerte, mejor hubiera sido vetar el decreto por considerarlo inconveniente a los intereses nacionales para definir de una vez el expediente, en la confianza de que la bancada oficial no le jugará la vuelta al mismo Presidente.

Pero lo que muchos guatemaltecos han criticado como un gesto medias tintas y poco valiente, yo lo veo en el sentido contrario porque se requiere entereza para ir en contra de la corriente y esa corriente en Guatemala está abrumadoramente a favor de la pena de muerte. Cierto que ello es resultado de un cansancio y hasta de la desesperación de un pueblo que se siente desbordado por la criminalidad, pero de todos modos hay que admitir que entre la gente existe una clara inclinación para que a los criminales se les mande al otro potrero, no importa si es mediante inyección letal o si se hace por la ví­a de ejecución extrajudicial. Lo importante, en ese razonamiento de un pueblo harto de tanta violencia, es que a los delincuentes se les elimine.

Y decidirse al veto no puede verse, en ese contexto, como recurrir a la salida fácil, sino que fue realmente la salida más difí­cil y que mayores problemas traerá al Presidente con su misma gente; quedó bien con la comunidad internacional, pero no con quienes tiene que lidiar todos los dí­as que son cabalmente los que conforman esta opinión pública que no está a favor de contemplaciones.

Creo que es importante que como sociedad entendamos ahora que es fundamental ejercer la presión en la dirección correcta y que lo primero y más importante es arrinconar al Ministerio Público para que cumpla con sus funciones y principie a ser el pilar de los procesos que se tienen que formar por los crí­menes que ocurren en el paí­s. Yo he dicho que de nada sirve tener pena de muerte si la misma será aplicada con la misma falta de justicia que existe en términos generales en el trámite de prácticamente todos los procesos. Los peores criminales andan libres, se rí­en de sus ví­ctimas y de las autoridades porque saben que éstas sólo pueden capturar a los más babosos, no a los peores de ellos. Los más vivos se salen con la suya porque juegan con la garantí­a de impunidad que ofrece nuestra labor de fiscalí­a.

Sobre Colom vendrá ahora un vendaval de crí­ticas y nuevamente perderemos la perspectiva. Hay que fijarse en la raí­z del problema que es la impunidad alentada y promovida por la ineficiencia del Ministerio Público.